Pedro Sánchez ha anunciado que propondrá una reforma de la Constitución para poner fin a los aforamientos, algo que podría entrar en vigor en apenas 60 días siempre y cuando exista acuerdo en las Cortes. “El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”, señalaba el jefe del Ejecutivo después de su semana más complicada desde que es presidente del Gobierno.
En un acto en la Casa de América de Madrid, un Pedro Sánchez respaldado por todos sus ministros expresaba sus intenciones de “acabar con los aforamientos”. Espera contar con el apoyo de la totalidad de la Cámara, así lo ha asegurado en dicho acto. Sánchez ha declarado que esta medida supone un nuevo avance en la senda de la “ejemplaridad” que exige la sociedad española en la actualidad.
Con este anuncio, Pedro Sánchez ejerce presión sobre el Partido Popular y su líder, Pablo Casado, quién deberá decidir si se adhiere a la iniciativa del presidente del Gobierno en un momento delicado para la formación popular no sólo por el cambio de liderazgo, sino también por la polémica generada en torno al máster del propio Casado. De hecho, el dirigente del PP ha solicitado que su caso sea tratado por el Tribunal Supremo. Para que esta medida salga adelante es necesaria la respuesta afirmativa del Partido Popular, pues requiere mayoría absoluta en Senado y dos tercios en el Congreso.
Pero, más allá de esta estrategia, al contrario de lo que pueda pensar el ciudadano de a pie, no es la clase política la que cuenta con más aforados. ¿A quién le afecta más la supresión de los aforamientos? La respuesta a esta cuestión podría sorprender a propios y extraños.
Mayoría en los Cuerpos de Seguridad
Los políticos o miembros de instituciones del Estado con condición de aforados a duras penas superan los 17.000. El grueso de personas que ostentan este “privilegio” pertenecen a otro ámbito de la sociedad bien distinto.
Tan sólo el 7% de los aforados pertenecen a la clase política. Además, hay que tener en cuenta que existen otros cinco aforados, los correspondientes a la Familia Real. Pero es que el grueso reside en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tanto estatales como autónomicos y locales.
De 250.000 aforados, 232.000 pertenecen a esta facción de la sociedad española. Este grupo debe ser juzgado por las audiencias provinciales en el caso de delitos cometidos en el cargo de su ejercicio, aunque si el Gobierno saca adelanta le propuesta anunciada por Pedro Sánchez este lunes, también se les despojará de esa prebenda. El grupo más numeroso y el que más pierde con este nuevo escenario que podría dibujarse si consigue un consenso en las Cortes.
