Al Partido Popular lo echó del Gobierno una sentencia por corrupción y está claro que van a llegar más. Ante este panorama, no han dudado en señalar al árbitro, los jueces, con nombre y apellidos. De hecho, han pedido que se estén callados.
Desde el Congreso, el PP ha propuesto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPF) vigile e investigue a dos magistrados que llevan casos que señalan a su financiación en la trama Gürtel y a los papeles de Luis Bárcenas, según ha adelantado La Sexta.
En concreto, el PP señala al juez José Ricardo de Prada, uno de los miembros del tribunal que condenó al partido a título lucrativo en el juicio a la primera época de la trama Gürtel. Al magistrado le reprocha haber concedido una entrevista donde afirmó que existía una caja B del PP, algo que fue, “conclusión unánime del tribunal”, afirmó.
Además, los populares piden “investigar las verdaderas y auténticas razones” por las que otro juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor del sumario de los 'papeles de Bárcenas', ha decidido prorrogar la investigación de ese caso hasta 2020, “coincidiendo con la posible y más que probable convocatoria de elecciones generales”.
Con estos dos casos en mente, el PP quiere que el CGPJ controle “las intervenciones habituales como tertulianos políticos de jueces y magistrados en activo en relación con procedimientos en fase de instrucción o juicio oral, o de la revisión mediática de aquellos en los que han participado como instructores o juzgadores”.
El PP quiere que se lleve a cabo “un atento seguimiento de estas actuaciones por si pudieran lesionar los derechos de defensa de los ciudadanos o en cuanto contribuyan a crear desconfianza en la independencia judicial y a aumentar la percepción de politización de la justicia”. Así figura en las propuestas de resolución que el Grupo Popular en el Congreso ha registrado sobre la Memoria del Poder Judicial de 2016 y que se va a debatir esta semana en la Cámara Baja.
Las puertas giratorias de la justicia
Además, los conservadores han pedido un informe al CGPJ acerca de la “oportunidad, alcance y medidas regulatorias sobre las llamadas 'puertas giratorias' de la Justicia”. Desde el PP argumentan que “entre las medidas para reforzar la percepción de la independencia judicial es imprescindible regular de forma clara las reglas y criterios aplicables a aquellos jueces y magistrados que decidan desempeñar cargos políticos en el Gobierno, los Gobiernos de las distintas administraciones públicas, o el Poder Legislativo, en su retorno a la actividad jurisdiccional”.
Esta práctica ha sido habitual en los distintos gobiernos y está muy presente actualmente en la composición de la Cámara. Unidos Podemos cuenta en su grupo con el juez Juan Pedro Yllanes, el PP ha tenido al frente del Ministerio del Interior al juez Juan Ignacio Zoido, y el actual Ejecutivo socialista cuenta con hasta tres representantes del Poder Judicial: los jueces Fernando Grande Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), y la fiscal Dolores Delgado (Justicia).
Rechazo de los jueces
Los jueces que se han pronunciado hasta ahora sobre las pretensiones del PP, como el magistrado Joaquim Bosch, las han rechazado y han negado cualquier viso de imparcialidad. Bosch ha recordado que “los ataques” del PP contra ellos “han sido constantes”, recordándoles que “no existe una conspiración estructural de la judicatura”.
