El PP lleva este martes al Congreso de los Diputados la Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley de Costas, para la preservación de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público, en terrenos que han pasado a ser dominio público marítimo-terrestre.
Así aparece literalmente en el texto al que ha tenido acceso ElPlural.com y que se desprende del Boletín Oficial de las Cortes Generales. La cuestión es que, casualidad, el punto en el que el documento se eleva a la Cámara Baja coincide con un momento en el que la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, quema sus últimos cartuchos para mantener la vivienda de la que disfruta en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra) después de que el Gobierno desestimara su recurso.
Fue a finales de mayo cuando llegaba el punto final -a menos en la teoría, dado que Cárdenas todavía tiene oportunidad para no ceder un terreno, a todas luces público- sobre un inmueble del que hace años empezó a hablar este periódico. Según la última resolución, la parcela que fuera declarada de dominio precisamente pública tras el deslinde de 2007 nunca formó parte de la finca que más tarde fue posesión de Cárdenas. En consecuencia, la exdirectiva de Zara Home no tiene derecho a la concesión que solicitó por 30 años.
Texto del PP
La Proposición de Ley se refiere a la “preservación de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público, en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre”.
En la exposición de motivos, el PP hace alusión a la “regresión del litoral que sufren las cosas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático” ha provocado que “determinados núcleos urbanos costeros a lo largo de todo el país, con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre”.
A renglón seguido, se refiere concretamente a los deslindes: “Está fuera de toda duda que la legislación sobre costas debe hacer cumplir y proteger el principio constitucional instaurado por el artículo 132.2 de la Carta Magna (…) Pero no es menos cierto que la falta de suficientes medidas de protección de éste durante décadas ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo este deslinde”.
A continuación, se refiere a algunas localidades en las que el deslinde “supone un despojo de propiedades consolidados desde hace más de un siglo” y destaca el “patrimonio histórico, cultural y paisajístico” de estos espacios, entre los que no aparece el municipio gallego.
Entre otras cuestiones, el partido de Feijóo llama a “establecer un abrigo legislativo para esos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos que, una vez iniciados, susciten rechazo social y prácticamente unánime en lo político y que, en cambio, no encuentran en la legislación una herramienta que permita su mantenimiento por protección de las personas y el interés público”.
El grupo parlamentario ‘popular’ se refiere a la modificación de lo dispuesto para los bienes declarados de interés cultural, los puntos que deben reunir los “núcleos urbanos con especiales valores etnológicos” o las “instalaciones destinadas a actividades deportivas de carácter náutico federado”.
Solo podrá pelear por la exclusividad de la finca
Después de la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, Cárdenas solo podrá continuar luchando por la exclusividad de la finca por medio de un recurso ante la propia ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica, Sara Aagesen, o, por otra parte, ante la Audiencia Nacional.
La mujer de Feijóo pidió al Servicio Provincial de Costas utilizar la zona hasta 2037. Sin embargo, los socialistas elevaron una quejas a nivel regional y nacional, incluso poniendo a trabajar a sus equipos jurídicos frente a la bautizada por la asociación PLADESEMAPESGA (que inició esta lucha) como “mansión ilegal”.
Asimismo, cabe recordar que el propio ayuntamiento de Moaña sentenció que parte de la vivienda -concretamente el muro que separa la casa de la playa- impedía la posibilidad de un rescate por tierra o que la zona se encuentra ‘apartada’ del resto del arenal por una línea de boyas y un cartel de Prohibido el paso.
