Amnistía Internacional (AI) ha hecho público su informe anual sobre derechos humanos en el que España no sale en absoluto bien parada por el "uso excesivo de la fuerza" durante la celebración del referéndum del 1-O en Cataluña y la "desproporcionada prisión provisional de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart". La ONG también denuncia los ataques a la libertad de expresión perpetrados por el Gobierno del PP y la llamada Ley Mordaza.
"Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información", argumenta AI.
No son las únicas vulneraciones a los derechos humanos que recoge. Amnistía también denuncia la situación de desamparo de "decenas de miles de personas" a consecuencia de las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno con la excusa de la crisis. Según asegura en su informe, los recortes están poniendo en riesgo el acceso a la sanidad púlbica a inmigrantes y otros colectivos discriminados. También el derecho a la vivienda, con un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017. En este sentido, aseguran que las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género representan uno de los colectivos más afectados por las dificultades de acceder a una vivienda.
Amnistía Internacional también da un varapalo a España por no acoger a los refugiados incompliendo su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas. La realidad es que apenas ha llegado al 15% de ese compromiso hasta diciembre de 2017, fecha en la que se contabilizaron menos de 3.000 personas en total. Asimismo denuncian abusos y violaciones de derechos humanos en Ceuta y Melilla.
