Los Mossos investigan a un agente que está en Bruselas con Puigdemont
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar si alguno de los agentes asignados a la escolta de Carles Puigdemont le ayudó en su huida a Bruselas. La División de Asuntos Internos (DAI) investiga también a otro agente al que se le ha visto con él en Bélgica, los primeros días luciendo una insignia de los Mossos.
Según el diario 'La Vanguardia', que ha ofrecido en primicia la información, este último agente estaría actuando a título individual porque está de vacaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado este martes que “el mosso está expedientado y la unidad administrativa correspondiente del cuerpo resolverá conforme a la aplicación de la norma”. Desde Sevilla, el responsable ministerial ha añadido que si de este expediente se deduce que el agente “ha hecho algo que no debiera, si no ha comunicado donde iba y si ha incumplido la normativa, sobre él caerá el peso de la ley, como es lógico”.
La cinta del chantaje a Rajoy: "Se lo doy en un sobre a Álvaro y a Bárcenas"
Se trata de una de las cintas más peligrosas para el Partido Popular. De hecho, es la cinta con la que se intentó chantajear a Mariano Rajoy. Así al menos lo confesaba Ignacio González en una llamada interceptada por la policía en la Operación Lezo, en la que el expresidente madrileño también aseguraba que el jefe del Gobierno había enviado a Luis Bárcenas para que pagase una cantidad a cambio de retirar la cinta de circulación.
Sin embargo, esa cinta ve ahora la luz, justo antes de que su protagonista, Rafael de Palencia, acuda hoy a la Audiencia Nacional para ser interrogado al respecto por el juez que investiga el caso de la caja B del Partido Popular, José de la Mata, quien se interesó por la cinta, tal y como informó en exclusiva ELPLURAL.COM.
El PP ajusta cuentas con el abogado que llevó a Rajoy ante el juez por la Gürtel
Mariano Benítez de Lugo, abogado de ADADE -la acusación popular del caso Gürtel-, ha comparecido este martes en la Comisión de Investigación de la Financiación de los partidos políticos a propuesta del PP o el invento del partido en el Gobierno para tapar su presunta Caja B encendiendo el ventilador contra el resto de formaciones. La estrategia del portavoz del PP, Luis Aznar ha sido la de intentar desprestigiar a Benitez de Lugo a quien ha acusado de trabajar para el PSOE y actuar como abogado de parte. "Ustedes tienen la percepción de que son el guerrero del antifaz pero parece más bien que actúan como abogados de parte", le reprochó, para echarle en cara que "sólo conocen los temas que afectan al PP"
Colegios concertados: ¿lucro ilegal o función social?
La ley obliga a los colegios privados con conciertos públicos a brindar la enseñanza sin ningún coste para las familias, sin embargo, estos centros llevan años cobrando una cuota mensual, que se incrementa cada año según el IPC, además de otros gastos complementarios. Conviene poner un poco de claridad en lo que reciben estos colegios, que discriminan a alumnos en función de si pagan o no la contribución, disfrazada a efectos de Hacienda como “donación”.
Las comunidades autónomas se basan en la ley Orgánica 2/2006, para la aplicación de los conciertos, que garantizan a los colegios beneficiados por estos acuerdos, según el texto de la norma, el pago de los salarios de todo su personal docente, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Administración paga, además, en concepto de “otros gastos” los costes del personal de administración y servicios, el mantenimiento, conservación y funcionamiento de estos colegios y los gastos del “material y equipamiento necesario para la impartición de las enseñanzas y cursos de formación del profesorado”.
Las consejerías de Educación tienen en cuenta para el desembolso de los fondos públicos a estos colegios el “número de puestos escolares y unidades en funcionamiento”, o lo que es lo mismo el número de aulas.
AIReF avisa del coste fiscal de la renta mínima llegaría a los 15.000 millones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el coste fiscal de aplicar una renta mínima de 426 euros sería "relevante", del entorno de los 13.000 o 15.000 millones de euros, y ha advertido de que haría que el déficit público se situara por encima del 3 % del PIB.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, compareció en la Comisión de Empleo del Congreso para evaluar la proposición de ley que se está elaborando sobre una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo, y que -en su opinión- se trata de una iniciativa "compleja" e "híbrida" ya que combina conceptos de renta básica con otros vinculados a un impuesto negativo.
