Este lunes, un pequeño rayo de esperanza iluminó la actualidad política, pero fue efímero. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sufría uno de los abucheos más sonoros de los últimos tiempos. Entre gritos de “fuera” y de “dimisión”, Catalá abandonaba las dependencias municipales protegido por la Policía Nacional. Sin embargo, semejante crítica estaba relacionada con el caos que se vive en la frontera de Marruecos y el ministro sólo estaba recibiendo un abucheo delegado que iba dirigido al Gobierno.

El espectáculo no tenía nada que ver con la gestión directa de su cartera, y no es que falten motivos para ello. No en vano, estamos hablando del primer ministro de la democracia que ha sido reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, lo que consigue cualquiera. Semejante logro lo ha conseguido con su labor esforzada de convertir la Justicia en un satélite a las órdenes del Gobierno. Y, por desgracia, esas órdenes, a veces sólo guías sutiles, van encaminadas a buscar la impunidad de personajes populares reprobables.

Sobre este asalto al Poder Judicial han escrito Los Genoveses con su habitual acierto. En su crónica se bocetan los cimientos de esta estrategia, como el vergonzoso ascenso a la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Concepción Espejel, “Concha” para sus amigos en el PP, después de que haya sido reprobada en infinidad de casos por su relación con el partido más corrupto de Europa, por mucho que Sostres lo niegue.

O el nombramiento de Enrique López en la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, un magistrado que fue pillado en estado de embriaguez mientras conducía por la Castellana. Un delito que habría acabado con la carrera de un bedel en cualquier país civilizado, pero que supone un premio en el país donde un ministro reprobado y que se mensajea con presuntos delincuentes no dimite.

Estos son algunos de los movimientos más burdos del Gobierno en el mundo judicial, pero hay algunos detalles que escapan de la lupa por ser más pequeños, pero que cuando se ponen bajo el microscopio dan buena prueba de lo que estamos hablando.

Porque otra de las estratagemas fue la de colocar a José Manuel Maza en la Fiscalía General del Estado, para que dirigiese la purga en el Ministerio Público que no habían consentido unos predecesores con mejor juicio. Y uno de sus principales logros en esta responsabilidad fue la de conseguir que una teniente fiscal firmase 12 líneas sin fundamento jurídico para exonerar al entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de unos presuntos delitos que sí veían las fiscales del caso, el juez Eloy Velasco y hasta el guardia jurado de la Audiencia Nacional.

En aquel documento, la teniente fiscal, la única que se atrevió a firmar la pantomima, aseguraba que “no procedería elevar exposición razonada” al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que imputase al presidente de la región. Todo con el débil argumento de que a los de la Púnica les pillaron con el carrito del helado antes de que pudieran meter la mano en las cuentas murcianas, por lo que “no se ha producido perjuicio alguno” para las arcas públicas.

Sin embargo, la jugada les salió mal, Velasco siguió adelante y un juez murciano, Enrique Quiñonero Cervantes, no se ha dejado doblegar y ha imputado al expresidente de la Región -que tuvo que dejar el cargo por otro caso de corrupción- y presidente del PP de Murcia por los “posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada”.

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Auto del juez Enrique Quiñonero por el que imputa a Pedro Antonio Sánchez en la Púnica.

Una decisión lógica y razonable pero que casi convierte al magistrado en un reducto de valentía, como la aldea gala de Astérix y Obélix, ante la ofensiva judicial desplegada por el Partido Popular. Y un auto que, no por esperado, deja de suponer un mazazo a las intentonas del fiscal general y del ministro de Justicia, que deja a ambos a los pies de los caballos.

Sólo por eso, y para evitar que el desprestigio ya instalado en la política se extienda al Poder Judicial, la última línea de defensa de la sociedad contra la corrupción, no estaría de más que los abucheos y los gritos de “dimisión” se trasladasen de Ceuta y se repitiesen cada día en la calle San Bernardo de Madrid.