Tiempo ha que la palabra "corrupción" acompaña al Partido Popular. Un concepto ligado a un partido no por azar, sino por la ristra de casos, acusaciones, sentencias y juicios que sacuden los cimientos populares. El caso Bárcenas trascendió a la esfera pública en enero de 2013 y la investigación sobre la Púnica se inició en el 2007. Pero no ha sido hasta 2017, cuando la corrupción del Partido Popular ha llegado de manera oficiosa al Congreso de los Diputados, una institución que este curso ha quedado desbordada por el punto más negro del PP: la Gürtel.
En junio de este año echó a rodar la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Figuraba en el pacto de investidura con Ciudadanos y los de Mariano Rajoy votaron favorablemente, pero desde su creación, los populares no han hecho más que intentar dinamitarla.
El 7 de junio, en una reunión a puerta cerrada, la Comisión diseñó un plan de trabajo y requirió documentación al PP, algo que no entusiasmó a Fernando Martínez-Maíllo, Coordinador General del PP y portavoz en la Comisión. Maíllo denunció los términos en que se iba a desarrollar la investigación sobre la presunta caja B, que el PP iba a mantener una “buena actitud” pero que no le gustaba la dirección de la Comisión porque, insistía, en que “se ha convertido en una comisión contra el PP, en una Inquisición”. El coordinador general popular aseguró que el objetivo de PSOE, Podemos y Ciudadanos era “electoralista” puesto que “ya han sacado las conclusiones, ya tienen la sentencia de esta investigación”: “La Comisión es un paripé, nace muerta, es inútil e ilegal”.
El PP se opuso de plano a la hoja de ruta de la Comisión porque, a su juicio, debe delimitarse tanto el tiempo como la administración afectada. El resto de partidos se negó. Isabel Rodríguez, del PSOE, apuntó que “el PP lleva 20 años financiándose ilegalmente”, motivo por el cual no se ha establecido el cerco temporal. ¿Y cuál fue la reacción del PP? Contraatacar utilizando el Senado, donde ostentan mayoría absoluta para “sacar las vergüenzas” del resto de partidos.
Bárcenas abre el desfile de tesoreros
El 26 de junio, coincidiendo con el aniversario de la repetición de elecciones (26J), abrió el desfile de tesoreros del PP en sede parlamentaria nada más y nada menos que Luis Bárcenas. La estrategia de Bárcenas ya era de dominio público antes de su declaración: acogiéndose al derecho recogido en la Constitución de no declarar en su contra, que le otorga el poder de no responder por el hecho de estar procesado, no ha abrió la boca. Pero el hecho de que Bárcenas no respondiera no le restó importancia a la reunión, ya que evidenció el nerviosismo del PP, patente durante toda la sesión.
Tras Bárcenas, otros cuatro extesoreros populares debían desfilar ante este órgano parlamentario: Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Carmen Navarro (actualmente en el cargo) y Álvaro Lapuerta, quien no compareció por demencia sobrevenida. Naseiro, tesorero del PP entre enero del 89 y abril del 90, fue el primero en comparecer en una sesión muy agitada. Protagonizó incluso un momento tenso con Toni Cantó después de que el diputado naranja le reprochara que “tiene sordera selectiva” y que "el otro día tuvimos al tesorero mudo, hoy tenemos al tesorero sordo" (refiriéndose a Bárcenas).
Naseiro admitió que “con Fraga se pedía dinero a toda España” y “lo recaudado lo llevaban unas señoras del PP”. El extesorero matizó que “yo nunca le he pedido a ninguna empresa, ni a ninguna persona particular, dinero a cambio de nada”. Eso sí, el extesorero ha asegurado que “ibas a un mitin y te daban un talón”. De hecho, incluso ha contado, como anécdota, que “una vez, alguien le dio un talón con un poquito de dinero a los escoltas: ‘Tomad’”. Asimismo, concretó que “yo mandé diseñar la contabilidad que se utiliza, creo, a día de hoy”.
Por su parte, Ángel Sanchís confirmó que se organizaban cenas con “empresarios y amigos” para pedir financiación; mientras que Navarro, que se escondió tras la Justicia, admitió -sin pudor alguno- que no investigaría las irregularidades del pasado y corroboró la existencia de “abonos salariales complementarios”.
Carmen Navarro, en libertad sin fianza acusada de delitos por daños informáticos y encubrimiento en el marco del caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, fue la última tesorera en desfilar ante la Comisión. Tras los políticos, le tocó el turno a cargos policiales, tales como Manuel Morocho, inspector Jefe de la UDEF, quien en noviembre aseguró que “indiciariamente” Rajoy figuraba en los Papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos.
¿Un balance?
En declaraciones a El Plural, el diputado del PSOE que hace las veces de portavoz en la Comisión sobre la presunta caja B del PP, Artemi Rallo, ha hecho balance. “Desde el minuto cero se ha dedicado a dinamitar su exigencia y funcionamiento”, interponiendo incluso un recurso de amparo: “Día a día todas las actuaciones han contado con el intento, nunca exitosos, pero sí intento, permanente, de boicot. Afortunadamente no ha impedido que el plan de trabajo diseñado se haya podido ir ejecutando más o menos como lo teníamos previsto”.
Rallo destaca que “muchos de los declarantes [refiriéndose a los tesoreros del PP] tienen especialmente nula intención de colaborar. Impera una ley del silencio y difícilmente sacaremos provecho de esa parte”. El diputado socialista sentencia que la formación popular ha intentado “enfangarlo todo y crear una apariencia de que todo es lo mismo con la creación de una Comisión para el resto de partidos en el Senado para amedrentar y asustar. Como diciendo: ‘cuidadito con lo que hacéis’”.
La caja B desbordó la Comisión
La Comisión no ha sido la única que ha albergado debates sobre la corrupción y la trama Gürtel. A pesar de que el desafío soberanista de Catalunya ha marcado la agenda política desde el inicio del nuevo curso político, al PP no siempre le ha funcionado esta cortina de humo. La ciclogénesis independentista había permitido a Mariano Rajoy librarse de la cruz del Partido Popular: la corrupción. El presidente del Gobierno tuvo que declarar en pleno julio, concretamente el día 26, ante el tribunal Gürtel, ostentando así el dudoso honor de ser el primer líder del Ejecutivo que, en la historia democrática española, es citado en el marco de un caso de corrupción mientras ejerce el cargo. Pero si Rajoy creía que podía escaquearse, no fue así. El pasado lunes 9 de octubre la Fiscalía Anticorrupción hizo oficiales sus peticiones para los acusados en el juicio Gürtel. En sintonía con las solicitudes avanzadas por ELPLURAL.COM, pidió que se condenara al PP y a Ana Mato al considerarlos partícipes a título lucrativo. En este sentido, Pablo Iglesias aprovechó la coyuntura para retomar el episodio más negro del PP (al menos uno de ellos).
El secretario general de Podemos preguntó al presidente sobre las reflexiones que le merece al presidente del Gobierno que haya evidencias judiciales de que su formación se ha financiado ilegalmente. Rajoy le ha respondido escudándose en que fue hace mucho tiempo: "Tengo que pensar que se refiere al juicio caso Gürtel que está en la Audiencia Nacional. Habla de unas elecciones de hace 14 años en dos municipios de Madrid. El PP no está acusado, solo aparece a título lucrativo”, a lo que Rajoy ha añadido que “la Inquisición vuelve con fuerza".
Iglesias contraatacó citando a los Monty Phyton y, con una sorna más propia del presidente que del líder morado, ha utilizado el recurrente mantra del propio Gobierno así como al requerimiento enviado por Rajoy a Carles Puigdemont: "Vuelvan ustedes a la legalidad, porque no se puede dialogar con quien está fuera de la ley y la Constitución. ¿Van a volver ustedes a la legalidad? Y contésteme sin ambigüedades, con un sí o un no”. El secretario general de Podemos también ha citado a Pablo Casado y ha dicho que "es bueno no repetir la historia, no vaya a ser que acaben como Ignacio González. En la cárcel".
La pregunta y posterior réplica de Iglesias despertó algunas risas en los pasillos y sala de prensa del Congreso. Pero el momento irrisorio llegó cuando Rajoy jugó la carta de Venezuela, Irán y la presunta financiación irregular de Podemos, que nunca ha sido probada y que colecciona varias denuncias desestimadas. La bancada popular se ha fundido en un caluroso aplauso.
Ahora la pregunta es: ¿Ha pasado lo peor? No. Rajoy tendrá que volver a sede parlamentaria ya que se espera que declare en el seno de la Comisión de la caja b del PP a lo largo de 2018. Además, su declaración ante la Audiencia Nacional puede ser la primera de muchas (a pesar de que el presidente del Gobierno ha maniobrado a slow motion para controlar la Justicia).
