El Partido Popular tiene el dudoso honor de hacer historia siendo la primera formación política que debe sentarse en el banquillo de los acusados en el marco de un caso de corrupción. El pasado 30 de noviembre, la magistrada Rosa María Freire, del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, decretó la apertura de juicio oral por la destrucción de los discos duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. En consecuencia, al propio PP y a su actual tesorera, Carmen Navarro, se les acusa de delitos por daños informáticos y encubrimiento. ¿Ahora, qué?

La juez abre juicio oral y deja en libertad provisional a Navarro. ¿La cesará el PP?

“Cuando se abra juicio oral”. Esta expresión simboliza mucho más que cinco palabras que, juntas, adquieren un sentido. Se trata del mantra del PP. No importa el procedimiento ni el político salpicado, la justificación siempre es la misma. Los dirigentes populares han recurrido a la consigna tantas veces como imputados tiene el partido -más de 800-. En su propio Código ético y de buenas prácticas, concretamente en el punto ocho de la Carta de compromisos, se especifica:

El compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña la propia organización o a la institución pública

La pregunta es: ¿Debe dimitir Carmen Navarro? Según los estatutos del partido, tras la apertura del juicio oral, debe comunicarlo a la cúpula y poner su cargo público a disposición de lo que decida la dirección. Pero hay otro papel al que recurrir para poder responder a la pregunta.

El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial

Así reza el acuerdo de investidura que rubricaron PP y Ciudadanos para hacer presidente del Gobierno a Mariano Rajoy. Tras horas de debate entre ambas formaciones sobre qué era y qué no era corrupción, se acordaron unos preceptos semejantes a los de lo estatutos del PP. Sin embargo, los populares se los han saltado a la torera cuando bien lo han considerado y, sin pudor alguno, se escudan en que firmaron dicho pacto porque “eran lentejas”, tal y como resolvió Fernando Martínez-Maíllo.

Queda claro que la tesorera, en "libertad provisional" a espera de que se inicie el juicio, debería poner su cargo público a merced del PP. La formación podría argüir que Navarro no ostenta ningún cargo público. Sin embargo, Carmen Navarro forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido por su calidad de tesorera. En consecuencia, forma parte de la dirección de un partido político, que se financia en un 90% (aproximadamente) con dinero público. Y no es cualquier partido, sino el partido del Gobierno. ¿Es, o no es un cargo público? ¿Debería dimitir? ¿El PP tendría que cesarla? ¿Sería democráticamente higiénico no hacerlo?

Sin necesidad de esgrimir los estatutos o estrujarlos hasta que sus vagas palabras digan exactamente lo que quieren, el PP está en el punto de mira mediático y el cese de Navarro podría ser un primer paso simbólico. Y es que, cinco de los siete tesoreros que ha tenido la formación desde sus inicios con Manuel Fraga, han sido imputados (Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Carmen Navaro). Solo se salvan José Ramón del Rio y García de Sola (1987 y 1989) y José Manuel Romay Beccaría (2010 y el 2012).

Desde El Plural nos hemos puesto en contacto con el PP para conocer si Navarro ha comunicado a la dirección la apertura de juicio oral y cuál sería la respuesta de la cúpula, pero a esta hora no hemos recibido respuesta.