Urgencias saturadas, laboratorios sin personal y UCIs cerradas: el legado de Moreno Bonilla

En Andalucía, la sanidad pública se tambalea. Lo que antes era motivo de orgullo colectivo, hoy es sinónimo de listas de espera interminables, profesionales exhaustos y hospitales al borde del colapso. No se trata de un problema puntual, estamos ante el resultado de una estrategia política premeditada. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha hecho de la desinversión, el abandono de recursos y la privatización encubierta el eje de su política sanitaria. Y las consecuencias ya no son cifras, sino personas que esperan diagnósticos vitales, pacientes que pasan días en urgencias sin cama y profesionales que caen de baja por agotamiento.

Los últimos episodios son tan alarmantes como reveladores. En el Hospital de Jerez se acumulan 3.000 muestras de sangre sin analizar. En Málaga, más de 240 camas siguen cerradas mientras los enfermos esperan hasta tres días en urgencias para ser ingresados. En Jaén, la mitad de los médicos de urgencias están de baja por estrés y sobrecarga. En Sevilla, el antiguo Hospital Militar, presentado a bombo y platillo como símbolo de la “nueva sanidad” andaluza, tiene la UCI cerrada y las camas vacías. Son piezas de un mismo puzzle: el desmantelamiento deliberado de la sanidad pública para justificar la transferencia de recursos al sector privado.

El Hospital de Jerez vive una situación insostenible en sus laboratorios. La falta de inmunólogos y técnicos de hematología ha llevado a la acumulación de miles de muestras de sangre sin analizar. Lo que significa, en la práctica, que hay pacientes que esperan un diagnóstico que no llega, y por tanto tratamientos que se retrasan. Enfermedades crónicas, dolencias graves o simples controles rutinarios quedan en el aire, poniendo en riesgo la salud de miles de ciudadanos.

Mientras tanto, los pocos profesionales disponibles soportan cargas de trabajo que superan los límites razonables. Procesar hasta 300 muestras diarias en condiciones de precariedad no solo deteriora la calidad del servicio, sino también la salud de quienes lo prestan. CSIF lo ha denunciado con claridad: no se trata de un bache puntual, sino de un problema estructural que la gerencia del centro se niega a afrontar con medidas estables.

En el Hospital Regional de Málaga, la imagen es idéntica: urgencias colapsadas, pacientes hacinados esperando días para subir a planta y camas cerradas por falta de personal. Más de 240 camas permanecen clausuradas mientras las urgencias se saturan. No porque no haya necesidad, sino porque no hay enfermeras para abrirlas. El Sindicato de Enfermería lo resume de forma clara: la plantilla necesita al menos 300 profesionales más para cubrir las necesidades mínimas.

Lo grave es que esta situación se ha convertido en rutina. Satse lo advierte: las demoras de 48 y 72 horas para conseguir una cama se han normalizado. En paralelo, la plantilla asume turnos imposibles, doblajes y traslados de enfermeras de un servicio a otro. El resultado es un hospital que funciona sobre la cuerda floja, donde cualquier pico asistencial se convierte en caos.

En Jaén, el hospital de Andújar está literalmente sin médicos. Once de los 21 facultativos de urgencias están de baja, la mayoría por agotamiento físico y mental. Se han perdido vacaciones, se han superado las jornadas mensuales y los turnos se han multiplicado. Lo que para la dirección es un “plan de contingencia”, para los sindicatos es directamente un colapso. No solo los médicos, también enfermeros, celadores y administrativos sufren la misma sobrecarga.

En Huelva, la situación no es mejor. La Inspección de Trabajo ha dado la razón a Satse al denunciar sobrecargas, falta de descansos, ausencia de pausas para comer e incluso condiciones ambientales insoportables en plantas con temperaturas extremas. Trabajar sin poder hidratarse ni descansar, soportando calor sofocante, no solo degrada la salud del profesional, sino también la atención al paciente.

El caso del antiguo Hospital Militar de Sevilla es el ejemplo más claro del marketing vacío de Moreno Bonilla. Inaugurado hasta cuatro veces con toda la parafernalia mediática posible, el hospital no cuenta ni con una UCI operativa. Las camas nuevas se han sustituido por antiguas, la maquinaria de última generación ha desaparecido y el área permanece cerrada. Lo que se presentó como un emblema de modernización es, en realidad, un hospital fantasma.

Este modelo resume la filosofía del Gobierno andaluz: espectáculo político, inauguraciones de cartón piedra y abandono de la realidad asistencial. Mientras se presume de inversiones, los ciudadanos siguen sin una sanidad pública digna.

El personal de enfermería es quizás el rostro más visible de esta demolición. En Málaga, la falta de profesionales ha obligado incluso a dos cargos directivos a cubrir turnos de enfermería en el Materno. En la UCI del Regional, 10 camas permanecen cerradas y cada enfermera atiende a tres pacientes críticos, cuando la norma científica establece uno.

La denuncia de Satse es clara: “No podemos más”. El Defensor del Pueblo ha recibido ya un SOS de las enfermeras, que describen un escenario límite donde solo se atiende lo urgente y se descuidan cuidados esenciales como la prevención de úlceras o el acompañamiento emocional. Estamos ante un sistema que se sostiene a costa de la salud de quienes lo mantienen en pie.

Mientras los hospitales públicos languidecen, la Junta ha desbloqueado un contrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar operaciones y pruebas diagnósticas. Es el corazón del modelo de Moreno Bonilla: deteriorar lo público hasta hacerlo insostenible y ofrecer como solución la privatización.

La ecuación es clara: menos recursos en la sanidad pública, más negocio para las clínicas privadas. Pero el precio lo pagan los ciudadanos, especialmente aquellos que no pueden permitirse seguros médicos o derivaciones rápidas. La sanidad deja de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio de quien pueda pagarlo.

Los colapsos en Jerez, Málaga, Jaén, Huelva o Sevilla no son casualidad ni fruto de la mala suerte. Responden a una política planificada que ha hecho de la sanidad pública un campo de recortes. Moreno Bonilla ha decidido gobernar con un manual que privilegia lo privado y debilita lo común. Los profesionales lo denuncian, los pacientes lo sufren y los sindicatos lo repiten una y otra vez: así no se puede seguir.

La pregunta es cuánto tiempo podrá aguantar un sistema sanitario sometido a esta presión. La respuesta debería ser inmediata: recuperar plantillas, reforzar la atención primaria, abrir camas cerradas, invertir en infraestructuras y garantizar condiciones laborales dignas. Todo lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno andaluz.

Andalucía no puede resignarse a que sus hospitales se conviertan en pasillos saturados, laboratorios colapsados y UCIs cerradas. Sr. Moreno Bonilla es inaceptable que los profesionales trabajen hasta caer enfermos mientras se firman contratos millonarios con clínicas privadas. La defensa de la sanidad pública en Andalucía es hoy una cuestión de dignidad, de justicia y de futuro.