La universidad no es sólo un instrumento de formación individual. Es una palanca de movilidad social, un motor de progreso colectivo y uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia avanzada. Apostar por una universidad pública fuerte, bien financiada, con más plazas, más profesorado y mejor dotación no es un lujo, es una inversión estratégica que define el país que queremos ser. Pero, mientras el PP siga desmantelando lo público para favorecer intereses privados, ese futuro está en riesgo.
Lo que está ocurriendo en el sistema universitario español no es casualidad ni una suma de casos aislados. Es el resultado de una política deliberada del PP allí donde gobierna, en la que margina a la universidad pública y promueve un modelo donde el acceso a la educación superior depende cada vez más del nivel de renta que del mérito. Las consecuencias ya están a la vista: centros privados que actúan como fábricas de títulos, carreras convertidas en productos de marketing y dirigentes políticos que maquillan sus curriculums con títulos que no han cursado o que han obtenido en universidades de dudosa calidad.
En las últimas semanas, se han sucedido los casos de dirigentes del PP que han tenido que corregir, justificar o directamente ocultar títulos académicos inexistentes o inflados. El caso de Noelia Núñez, diputada en el Congreso por el PP, que presumía de un máster que nunca cursó, no fue una excepción: fue el inicio de una cadena. El presidente del Senado, Pedro Rollán, y Ana Millán, número tres de Ayuso, están también bajo sospecha por la falsificación o manipulación de su formación académica. Incluso Miguel Tellado, secretario general del PP, tuvo que rectificar su curriculum deprisa y corriendo tras afirmar falsamente que era periodista.
Estos casos no son meras anécdotas. Revelan una cultura política en la que lo importante no es formarse, sino aparentar estar formado. Donde lo que cuenta no es el esfuerzo real, sino la estética del mérito. Es una burla a los miles de estudiantes que sí se dejan la piel por lograr un título universitario. A las familias que se endeudan para pagar los estudios a sus hijos. A los docentes que sostienen día a día la calidad de nuestro sistema público. Cuando en el PP mienten hasta en su formación, ¿en qué no nos van a engañar?
Hacer política no va de coleccionar títulos, muchos de ellos inventados. Va de aportar algo a la vida de los ciudadanos. Si lo único que algunos dirigentes del PP pueden aportar es lealtad al jefe y un currículum inflado, no merecen estar en política. Y lo mejor que pueden hacer es marcharse. Por el bien de la universidad. Por el bien del país.
Pero el problema va mucho más allá de los currículums inflados. Lo que está en juego es el modelo educativo que defiende la derecha. Gobiernos autonómicos, como los de Ayuso en Madrid o de Moreno Bonilla en Andalucía, han apostado abiertamente por favorecer el crecimiento descontrolado de universidades privadas, muchas de ellas con escasa calidad académica, supervisión limitada y una clara orientación mercantil.
La lógica es clara: recortar lo público para justificar lo privado. Reducir la financiación de los campus públicos, congelar sus presupuestos y restringir la oferta de plazas, mientras se allana el camino para la proliferación de universidades privadas que cobran más de 10.000 euros por curso. Se está sustituyendo el principio de igualdad de oportunidades por un sistema donde el acceso depende del dinero y no del talento.
Los datos lo confirman. Entre 2015 y 2024, las universidades privadas han sumado 34.300 estudiantes, mientras que las públicas han perdido 16.700. No es porque la gente prefiera lo privado, es que no encuentran una plaza en lo público. En carreras como Medicina, el caso es especialmente sangrante: 62.700 solicitudes para solo 6.600 plazas públicas. ¿El resultado? Estudiantes brillantes que tienen que renunciar a sus vocaciones o endeudarse de por vida para estudiar en universidades privadas.
La Comunidad de Madrid es el mejor ejemplo de esta política. Tiene el doble de universidades privadas (14) que públicas (6), y es la región que menos invierte por alumno en educación superior pública. Ayuso ha congelado los presupuestos de los campus públicos, mientras las universidades privadas proliferan sin control. En ramas como Psicología, Enfermería, Educación o Ciencias del Deporte, ya hay más alumnos en privadas que en públicas.
Esto genera una fractura social cada vez más profunda. Quien tiene dinero accede a los títulos. Quien no lo tiene, queda fuera o tiene que sacrificarlo todo. La educación superior está dejando de ser un derecho universal para convertirse, otra vez, en un privilegio de clase.
Además, muchos de estos centros privados han sido autorizados a pesar de contar con informes negativos de las agencias de calidad universitaria. El PP ha utilizado un vacío legal para aprobar nuevas universidades con requisitos mínimos, amparándose en que estos informes eran preceptivos, pero no vinculantes. Así han surgido centros que en algunos casos no tienen ni reconocimiento internacional y que, sin embargo, cobran matrículas desorbitadas por títulos cuyo valor académico, es cuanto menos, dudoso.
Frente a esta situación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado recientemente un real decreto que endurece los requisitos para la creación de universidades privadas. La principal novedad es que, a partir de ahora, los informes de calidad serán vinculantes. Es decir, las comunidades autónomas ya no podrán autorizar nuevas universidades si la agencia correspondiente emite un informe negativo.
La reacción del PP fue inmediata y desproporcionada: lo calificó de ataque a la libertad. ¿Pero de qué libertad hablan? ¿La de montar chiringuitos universitarios sin garantías? ¿La de comprar títulos sin esfuerzo? ¿La de fabricar currículums sin consecuencias?
Es el momento de preguntarnos qué universidad queremos para nuestro país. ¿Una universidad pública, accesible, exigente y de calidad? ¿O una red de centros privados donde el dinero sustituye al mérito? ¿Queremos formar a profesionales cualificados, responsables y con vocación? ¿O queremos alimentar un sistema donde lo importante es aparentar tener un título, aunque sea de “cartón piedra”?
Porque al final, esto no va solo de educación. Va de dignidad, de justicia, de futuro. Va del país que queremos dejar a nuestros hijos. De si construimos una sociedad donde cada persona pueda llegar tan lejos como su esfuerzo le permita, o una donde el apellido, el dinero o los contactos lo decidan todo. Esto es lo que de verdad está en juego y no debemos permanecer impasibles.
