No es una exageración ni una provocación. Es la pregunta que cualquier persona mínimamente informada se hace al ver cómo ha reaccionado el Gobierno andaluz ante uno de los más graves fallos sanitarios de los últimos años. Lo que Andalucía está viviendo no es un tropiezo técnico ni un malentendido administrativo: es la prueba de que, cuando miles de mujeres exigen claridad y respeto, la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla responde con incomodidad, a la defensiva y, sobre todo, con una sorprendente falta de humanidad.

La vida se detiene cuando llega un cáncer. Y cuando esas mujeres que confían en la sanidad pública para obtener una mamografía fiable descubren que el sistema ha fallado de manera estrepitosa, ¿qué reciben cuando denuncian ese fallo? ¿Atención? ¿Compromiso? ¿Responsabilidad institucional? Nada de eso. Reciben dudas, mensajes contradictorios y declaraciones que no reducen su angustia. Y ante eso surge una pregunta inevitable: ¿por qué a la Junta de Andalucía le incomoda tanto que las afectadas pidan explicaciones?

En lugar de asumir el problema, el Gobierno de Moreno Bonilla ha actuado como si la prioridad fuera proteger su imagen antes que reparar el daño. Muchas mujeres se han sentido ignoradas, cuestionadas o directamente desautorizadas por una Administración que debería estar volcada en tranquilizarlas. Esa actitud no es un simple error político: es una falta de respeto hacia quienes dependen de un diagnóstico para seguir vivas.

Las palabras de algunos dirigentes del PP han sido especialmente hirientes. Una concejala en Huelva llegó a reducir el escándalo a “un 1% de mujeres”. Y un diputado aseguró que las afectadas “se contarán con los dedos de una mano”. ¿Se puede tratar así el miedo de miles de mujeres? ¿Qué sensibilidad demuestra un responsable público que se permite bromear con cifras que representan preocupación, ansiedad y noches sin dormir?

Cuando miles de andaluces y andaluzas se manifestaron en octubre ante San Telmo, la respuesta del PP fue atacar la protesta en lugar de escucharla. El portavoz del PP en el Parlamento la calificó de “auténtico desastre”. No habló del desastre sanitario ni del fallo en los cribados: para el PP el único problema eran las mujeres que reclamaban soluciones. Para Moreno Bonilla, como para Mazón en Valencia, cualquier crítica es una amenaza y cualquier exigencia democrática es un ataque personal.

A este clima se suma la actuación de ciertos medios afines a la derecha, que han puesto más empeño en intentar desacreditar a Amama —la asociación de mujeres afectadas— que en investigar el origen del fallo en los cribados. Cuando una parte del ecosistema mediático prefiere apuntar a quienes denuncian antes que a quienes gestionan, el mensaje que se envía a las mujeres es demoledor: “el problema sois vosotras”.

Si al PP andaluz realmente le importaran las afectadas, ya existiría una comisión de investigación, un plan real de choque y una explicación detallada de lo sucedido. Nada de eso ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es un silencio prolongado y una insistencia en minimizar la dimensión del problema. Cada día que pasa sin respuestas crece la sensación de que las mujeres están siendo tratadas como un estorbo, más que como un colectivo vulnerable que merece toda la atención.

Los testimonios de retrasos diagnósticos hablan por sí solos. El caso de una mujer en Córdoba, obligada a acudir cuatro veces a Urgencias para lograr una biopsia pese a tener un bulto palpable, evidencia que no estamos ante un hecho anecdótico. Es un sistema tensionado, con protocolos que han fallado y con mujeres que han tenido que pelear por lo que debería haberse hecho de oficio.

Y lejos de asumir errores, algunos cargos del PP han preferido buscar culpables donde no los hay. Un senador llegó a insinuar que quienes deberían dimitir son “los médicos”. Esa frase no retrata a la sanidad andaluza: retrata el nivel de irresponsabilidad política que algunos están dispuestos a asumir para esquivar su propia gestión. Culpar a los profesionales es la coartada de quien sabe que ha fallado y necesita desviar la atención.

La Junta ha llegado incluso a enviar un “ultimátum” a Amama para que entregara datos, mientras que el propio Gobierno andaluz ha ido modificando la cifra de afectadas: primero “dos o tres casos”, luego varios centenares, luego más de 2.000. Esa incoherencia comunicativa no es un problema técnico: es una fuente de angustia para miles de familias que solo quieren saber la verdad.

Y, a pesar de todo, un mes y medio después sigue habiendo más preguntas que respuestas. Un mes y medio después son muchas las mujeres que se sienten más señaladas que acompañadas. ¿De verdad cree Moreno Bonilla que esa es la forma de tratar a pacientes con cáncer?

La presidenta de Amama lo dijo con una claridad que nadie ha podido desmentir: “La carga contra nosotras está siendo bestial”. No es una acusación penal ni un ataque personal: es la descripción de un clima institucional hostil que cualquier administración responsable y decente debería esforzarse por corregir.

El veto del PP a la comparecencia de Amama en el Parlamento, rompiendo un consenso histórico que permitía a asociaciones participar en los Presupuestos, ha sido la guinda del desprecio institucional. Impedir que quienes sufren las consecuencias hablen en sede parlamentaria dice mucho del miedo del Gobierno de Moreno Bonilla a escuchar verdades incómodas.

Mientras tanto, la situación sanitaria se agrava: demoras oncológicas que afectan a la supervivencia, datos clínicos difundidos indebidamente, hospitales saturados como el de Jerez, con miles de pacientes esperando un TAC. Nada de esto aparece de repente: es el resultado de años de desinversión y abandono del sistema público con Moreno Bonilla.

Es el patrón claro: un modelo que debilita lo público para reforzar lo privado. Es el modelo Ayuso, aplicado en Andalucía. Y en ese modelo, quienes más pierden son las mujeres que necesitan diagnósticos rápidos y certeros. Porque cuando la sanidad se gestiona como un negocio, la prevención deja de ser prioridad. Y en cáncer de mama, prevenir es vivir.

Por eso, la pregunta —incómoda para algunos, necesaria para muchas— sigue ahí: ¿Qué tiene Moreno Bonilla en contra de las mujeres con cáncer? Quizá la respuesta no esté en lo que dice, sino en cómo decide gobernar. Y mientras esas decisiones sigan alejadas de la transparencia, la empatía y la responsabilidad, la duda seguirá creciendo. Porque detrás de cada cifra hay una mujer que solo quiere vivir.

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