La señora de Aznar, doña Ana Botella, está inmersa en una situación poco edificante. La esposa del expresidente del Gobierno español por el PP, siendo alcaldesa de Madrid, vendió en 2013, 1.860 viviendas públicas protegidas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, entre otras cosas, a dos sociedades del fondo buitre Blackstone.

El Tribunal de Cuentas tomó cartas en el asunto y dictaminó, hace apenas un mes, que la operación de venta se realizó por debajo del precio de mercado, por lo que acusó a los gestores municipales de "incurrir en una negligencia grave", al "no impedir" el "perjuicio en el patrimonio público". En resumen, sentenciaba a Ana Botella y siete miembros de su equipo a una multa de 23 millones de euros.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha investigado el caso desde la órbita de lo penal y su conclusión, que se ha conocido hace cuatro días, es que no contaba con elementos suficientes para continuar el procedimiento, por lo que decidía archivarlo mediante un sobreseimiento provisional, al considerar que la perpetración del delito no quedaba debidamente justificada.

Son visiones diferentes: por ejemplo, el juez de instrucción apunta a un proceso que, con irregularidades formales menores, respetó los principios de publicidad, libre acceso y competencia. El Tribunal de Cuentas, por el contrario, considera que no hubo publicidad ni concurrencia, los pliegos administrativos brillaron por su ausencia y no se fijó un precio inicial de referencia. Ocurre, bien es cierto, que los objetivos de las jurisdicciones penal y contable son diferentes. La primera requiere prevaricación administrativa, malversación, alteración del precio de las cosas u otro delito. La contable se basa en recuperar el dinero malgastado. Aun así, las diferencias de criterio llaman la atención.

La Justicia ha sentenciado a Ana Botella y siete miembros de su equipo a una multa de 23 millones de euros

¿Y ahora qué? Pues en la causa penal, las partes que presentaron la denuncia han anunciado que recurrirán. Y en lo referido al Tribunal de Cuentas, una de sus salas decidirá si refrenda o no la sentencia condenatoria inicial.

Esta sala cuenta con tres jueces, según relataba un colega informativo, uno de ellos propuesto por el PSOE. Los otros dos son una ex portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y Margarita Mariscal de Gente, quien fuera ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar. En último extremo, siempre queda el horizonte del Tribunal Supremo, eso sí, muchos años después.

Estas cosas deben servir para no olvidar lo que significa la gestión de los neoliberales al frente de lo público, porque les gusta demasiado utilizar lo que es de todos, en aras de los intereses particulares, bien sea privatizando hospitales, residencias o viviendas sociales. Tiran sin ningún reparo con pólvora del rey.