La Asociación de Afectados por la venta de viviendas sociales de Madrid durante la etapa de Ana Botella como alcaldesa ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa, decidido por el instructor del Juzgado de Instrucción Número 38, Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba.
En un comunicado, que firma la presidenta de la asociación, Arantxa Mejías y el abogado Mariano Benítez de Lugo, se critica duramente la sentencia, que consideran “un aval a una actuación corrupta en la venta de viviendas sociales a un fondo especulativo”.
La "extraña" rapidez para archivar
“Resulta curioso y extraño la rapidez con que se ha dictado el auto en cuestión hoy miércoles, cuando hace solo dos días declararon a presencia judicial los representantes legales de PWC y de la supuesta intermediaria en la operación de venta (ITACA), rapidez que contrasta con la lentitud con la que se ha llevado la Instrucción iniciada en verano del 2014 a través de nuestra querella, cuando además existían diligencias solicitadas por nosotros (comparecencia de testigos) que no se han llevado a cabo”, dice el comunicado de la asociación.
Los afectados aclaran que han recibido el auto del juez con “poco sorpresa”, ya que “el norte del citado juez ha sido desde siempre sobreseer las actuaciones hasta que tras nuestro recurso ante la Audiencia Provincial se vio obligado a reabrir el caso por orden de ésta”.
La Audiencia Provincial constató irregularidades
El comunicado recuerda que “la mencionada resolución de la Audiencia Provincial (de 29 de septiembre de 2017) había reflejado de forma muy pormenorizada las irregularidades habidas en el proceso de venta de las 1860 viviendas y el nuevo auto de Sobreseimiento hace caso omiso de todo ello, y sostiene la bondad de la operación, aunque admite ‘irregularidades menores’; debiendo recordarse que el Auto antes citado de la Audiencia Provincial afirmaba que los datos de las irregularidades eran "incontestables".
