El senior advisor del 'fondo buitre' Blackstone en España, Claudio Boada, ha rechazado este viernes el nuevo real decreto de medidas urgentes sobre viviendas de alquiler que ha aprobado el Consejo de Ministros, al considerar que "discrimina sin razón alguna" a las operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores.

Piensan subir los precios

"En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta", denunció Boada, tras afirmar que la nueva norma "dificulta la operativa de una plataforma profesional del alquiler en España". En opinión de Blackstone, la ampliación de los plazos del alquiler, las limitaciones a la revalorización de las rentas y la reducción de garantías en los alquileres de renta libre van a suponer que los precios de salida ofertados sean "más altos" para adaptarse al nuevo decreto, lo que va a perjudicar principalmente a los arrendamientos más asequibles, aquellos que están por debajo de 600 euros.

Asimismo, lamentó que con este real decreto el Ejecutivo habrá cambiado en menos de tres meses hasta tres veces la normativa del mercado del alquiler, lo que ha aumentado "enormemente la inseguridad jurídica" de los ciudadanos que son propietarios o inquilinos de una vivienda. "La nueva norma conducirá, como ya ocurrió con el anterior decreto, a una nueva paralización del mercado del alquiler hasta que se produzca su convalidación o desaprobación en el Congreso en los próximos 30 días", reiteró.

Para Blackstone, el aumento de la inseguridad jurídica no se circunscribe solamente al mercado del alquiler, ya que considera que también afectará a la inversión extranjera en España en el conjunto de sectores productivos. Por todo ello, apuesta por un "análisis exhaustivo" y por un debate entre todas los operadores de este mercado, "condiciones que no se han dado en esta ocasión", y aboga por introducir cambios mediante la tramitación de un proyecto de Ley. "Esperamos que el resto de grupos parlamentarios representados en las Cortes hagan un ejercicio de responsabilidad y apuesten por una legislación más positiva de cara a mejorar el funcionamiento del mercado", reiteran desde Blackstone, que añaden que 10 millones de inquilinos se van a ver perjudicados por estas medidas.

Compraron viviendas sociales por debajo del precio de mercado

Precisamente Blackstone fue el principal beneficiario de la venta de vivienda social del Ayuntamiento de Madrid por la cual fueron condenados la entonces alcaldesa Ana Botella y sus concejales, tras estimar el juez parcialmente la demanda presentada por el actual equipo de Gobierno. La demanda reclamaba un daño patrimonial de 55 millones de euros, pero finalmente ha cifrado en 26 millones los perjuicios ocasionados en los fondos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). 

La condena se centra en dos procesos de venta realizados en octubre de 2013, durante la crisis económica, cuando el Consistorio quiso hacer caja para tapar la inmensa deuda de la capital. Una venta que se realizó por debajo del precio de mercado, tal y como reconocían los informes de tasación y la Cámara de Cuentas, que alertaban de las irregularidades de la venta de vivienda pública.

El Tribunal de Cuentas declara responsable contable directo a Fermín Oslé,máximo responsable de la EMVS durante la venta. También a Ana Botella y a todos los concejales del Ayuntamiento que formaban parte de la empresa pública: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos deberán pagar de manera solidario los 23 millones de euros y los intereses hasta que se haga efectiva la sentencia, que puede ser recurrida en un plazo de 15 días.  Una sentencia que relata infinidad de irregularidades como la ausencia de pliegos, la falta de los pertinentes estudios técnicos y la falta de libre concurrencia en los concursos públicos.

La causa penal de esta venta fue archivada pero este archivo está pendiente de recurso por parte de los vecinos afectados y del Ayuntamiento de Madrid.