Cuando un barrio se encarece en Berlín, los propietarios de los edificios recién reformados suelen advertir de que lo mejor es tener cerradas las contraventanas, porque hay quienes se lían a pedradas con ellos. Google tuvo que irse del barrio berlinés de Kreutzberg porque su presencia encarecía la zona y los vecinos salieron a protestar. Y es que los precios de venta son ahora un 100% más caros que hace cinco años y los alquileres un 60%. A diferencia de la cultura de pequeños propietarios existente en España, en Alemania más de la mitad de la población vive en régimen de alquiler. Las viviendas son propiedad del Estado o de grandes empresas, siendo la inmobilairia privada Deutsche Wohnen AG el principal casero de Berlín. Esta empresa compró la mayor parte de los edificios que eran de propiedad pública cuando el Ayuntamiento berlinés los privatizó en los años 90, después de la caída del Muro. Una combinación de subidas de las renta, junto a agresivas reformas que hacen inhabitables los edificios mientras se realizan, han ido desplazando a los vecinos de toda la vida, que se ven forzados a buscar nuevas viviendas a precios muy superiores a los que llevaban décadas pagando.

Para intentar poner freno a este acelerón de los precios, el Gobierno de Angela Merkel aprobó una ley que prohibía que los pisos subieran sus rentas por encima del 10% del precio del resto las viviendas de la zona. Pero muchos de los propietarios ignoran la ley, por lo que las subidas persisten y con ellas el éxodo de los vecinos y la gentrificación de los barrios. Si los vecinos denuncian y resisten con la ley en la mano, las empresas propietarias deciden reformar el edificio afectado, con los consiguientes cortes de agua, electricidad, polvo, ruido y escombros. Hasta que los inquilinos desisten y abandonan. A veces con indemnización. 

Las administraciones públicas están probando a paliar este fenómeno mediante la construcción de nuevas viviendas públicas. Berlín está lleno de grúas pero no se construye al ritmo suficiente como para que los precios frenen su carrera. El sindicato de inquilinos Deutsche Wohnung Enteignen está promoviendo una consulta popular -recogida dentro de las leyes de Berlín- para proponer una ley que impida a propietarios de más de 3.000 pisos operar en Berlín, lo cual afectaría de lleno a Deutsche Wohnen AG. Y a que algunos de esos pisos por encima de los 3.000 sean expropiados para  convertirlos en vivienda social. Hay 200.000 pisos en esas circunstancias, y la prensa alemana se plantea si las expropiaciones de este tipo son constitucionales.

La República Federal Alemana no ha realizado expropiaciones desde su nacimiento, al final de la Segunda Guerra Mundial y este proceso despierta numerosas inquietudes e interrogantes. El sindicato de inquilinos no sólo no alberga dudas acerca de la legalidad de las expropiaciones, sino que además defiende que éstas puedan pagarse por debajo de los precios de mercado. De momento, para llevar a cabo ese referéndum necesitan 20.000 firmas en un primer paso y 175.000 en el siguiente, hasta que se convoque el referéndum (Volksentscheid) que traslade la iniciativa legal al Senado de la región de Berlín.