La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas EMVS, Arantxa Mejías, cree que la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa Ana Botella y su Equipo por la venta viviendas sociales es una muestra de que "se empieza a hacer justicia", aunque "la cifra de 22 millones es ridícula para la pérdida patrimonial".
En declaraciones a El Plural, Arantxa Mejías afirma que "si una alcaldesa no asume las responsabilidades de lo que hacen mal las empresas públicas, tenemos un problema" y que "algo habrá hecho mal Ana Botella cuando hay una sentencia como la del Tribunal de Cuentas.
"Sin los vecinos, ho habría sentencia"
Mejías, que denunció en su momento la inacción del Gobierno de Manuela Carmena, al que reprochó quedarse en las buenas palabras, ha reconocido el papel del Equipo municipal con su demanda ante el Tribunal de Cuentas. "La asociación no podía personarse por falta de recursos", ha reconocido.
"No se puede negar el aplauso al Ayuntamiento porque ha hecho lo correcto", ha dicho la presidenta de la asociación de afectados sobre la gestión del Gobierno municipal en este asunto. Mejías, que ha subrayado que "sin la acción vecinal no tendríamos la sentencia de hoy", ha confesado que está "feliz" porque hace dos años mi familia tenía una amenaza de desahucio y los polvorones nos hacían un nudo en la garganta. Se va haciendo justicia".
Sobre la condena a Ana Botella, la joven activista ha señalado que "la familia intocable tendrá que pagar y espero que aunque la exalcaldesa recurra, lo pierda".
Las familias piden comprar las viviendas
Por el momento, según ha explicado Arantxa Mejías, las familias siguen su batalla para parar los desahucios que sigue pretendiendo llevar a cabo la nueva propietaria y han consensuado demandas de retracto, que se tramitan de manera particular, para poder comprar las viviendas en las que viven como inquilinos, al mismo precio que las adquirió Fidere-Blackstone.
