La concesión de los países de la zona euro de un “préstamo en condiciones extremadamente favorables” -cuyo importe ascendía inicialmente a 100.000 millones de euros-, la “titularidad indirecta del Estado” de algunas cajas de ahorros, la atribución de los “activos tóxicos” de las entidades financieras a una “Sociedad de Gestión de Activos”, las “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas” o los “recargos temporales de solidaridad” no han sido suficientes para que nuestra juventud, animada por su “impulso aventurero”, practiquen la “movilidad exterior”.

Acostumbrados al lenguaje que utiliza nuestro Gobierno me figuro que se habrán percatado de que en el párrafo anterior se esta hablando de rescate financiero, nacionalización de cajas, banco malo, amnistía fiscal, subidas de impuestos y emigración juvenil. Porque aunque llamar a las cosas por su nombre era una promesa electoral del Partido Popular -”al pan, pan y al vino, vino”, llegó a decir en su discurso de investidura Mariano Rajoy- los eufemismos se han convertido en la forma usual de expresión del Ejecutivo y del partido político que le apoya para comunicarse con los ciudadanos.

Pero ¡hete, aquí! que cuando hay que ser realmente cuidadosos con las palabras para referirse sin herir su sensibilidad a la condición de aquellos que tienen alguna merma o alteración de sus funciones intelectuales o físicas, se olvidan de esta sibilina jerga eufemística que emplean para enmascarar la realidad de sus propias fechorías y empleando el lenguaje más zafio e indigno para las personas afectadas las denominan “minusválidas”. Así lo han hecho hasta en siete ocasiones en el Informe Económico y Financiero que registró Cristobal Montoro en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales. Y ello a pesar de las connotaciones peyorativas de este término y a sabiendas de que la Ley de Dependencia erradicó su utilización en cualquier texto normativo para ser sustituido por el de “persona con discapacidad”.

Pilar Villarino, vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, ha declarado a Europa Press que “al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud y que las leyes están para cumplirlas”. Pero yo, que soy menos políticamente correcto que la dirigente de este Comité y, además, marido de una persona que adolece de un cierto grado de discapacidad le digo al señor Montoro que el minusválido lo será él.

Pero que no se preocupe, que siempre podrá tener acomodo como tesorero de su partido pues se le supone cierto conocimiento de las cuentas y que, en el peor de los casos -volviendo a los eufemismos-, podría conseguir una indemnización simulada, en diferido y vitalicia por no hacer nada y por callar todo lo que sabe. Por lo menos hasta que no haya un juez que le ponga en una situación insostenible y no se pueda decir aquello de “nadie podrá probar que no es inocente”; ¡que más que un eufemismo parece un trabalenguas!

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas