Lex Net o la Justicia a pedales que tenemos

A finales de 2015 y comienzos de 2016 se estableció, desde el Ministerio de Justicia, el sistema informático Lex Net. Una plataforma a través de la cual deberían presentarse los documentos relativos a todas las cuestiones jurídicas profesionales. Un intento de "modernización" de nuestro sistema judicial, que pretendía dinamizar los procedimientos, facilitar en cierto modo el trabajo de profesionales como procuradores y abogados. Ya desde el comienzo se avisó de los problemas técnicos que se barruntaban (Juan José Carral, Portavoz del CSIF así lo avisaba a finales de 2015). Y tenían razón. Incluso se quedaron cortos, pues no podrían imaginarse hasta dónde podrían llegar las consecuencias. 

 

En un principio comenzó Lexnet Abogacía y al año, después de haber sido usado por un reducido 10% de los abogados españoles (o menos), pasó a convertirse en Lexnet Justicia. Se presentó como un sistema telepático para intercambiar información entre juzgados, abogados, procuradores y otros colectivos. Inversión: 7 millones de euros de dinero público.  

 

Desde la práctica jurídica, el sistema daba muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo a abogados experimentados en su profesión pero nada familiarizados con las nuevas tecnologías. Es cierto que, desde los Colegios Profesionales de Abogados se facilitaron cursos de formación para iniciarles en el uso de esta aplicación. Pero siendo realistas, lo cierto es que: por un lado no se disponía de tiempo para ello (los profesionales liberales tenemos una agenda lo suficientemente llena como para tener muchas veces que elegir en qué dedicarnos nuestro tiempo, sobre todo cuando nos supone perder ingresos). Además, y lo conozco por experiencia, son muchísimos los profesionales que siguen dictando sus demandas, que no encienden un ordenador absolutamente para nada. Imagínese lo que implica todo este asunto. 

 

Pues bien, hace unos días recibí un correo desde el Colegio de Abogados. Se me informaba de que Lex Net estaba dando problemas, que eliminásemos nuestros archivos. Que dejásemos de utilizarlo. No se nos explicó más, pero la cosa ya pintaba extraña. Esta semana se conoció la noticia: debido a un fallo en el sistema, todo el que estuviera registrado en el Lex Net podía acceder a los archivos de los demás. No hace falta que yo le explique a usted, querido lector, lo que esto implica. Que se violen los derechos más fundamentales sobre protección de datos, que el abogado de la otra parte pueda acceder a los documentos que le facilitas al juzgado... en fin. Vulneración de todo lo más fundamental en cuanto al derecho a defensa se refiere. 

 

Pero sobre todo, piense más allá. No sólo en lo que a mi o a usted pueda afectarnos (como abogados o profesionales vinculados con la justicia). Piense que, en este momento, cualquier persona con acceso a esta plataforma ha podido acceder a descargarse TODOS los documentos judicializarlos. TODOS. Si, le hablo de tramas de corrupción, por ejemplo. De la Gürtel, de la Púnica. Sí, de eso le hablo. 

Se pide ahora que todos los procedimientos que hayan tenido que ver con esto sean anulados. Y el Ministerio de Justicia, por su parte, a pesar de no haber conseguido averiguar qué es lo que ha sucedido, se empeña en decir que no ha habido problema, que nadie ha entrado a revisar documentos de nadie.... (A pesar de que ya se han publicado artículos demostrando lo contrario). 

 

Por un lado, esto demuestra que en este país no estamos a la altura. No hay manera, por lo que parece de que hagamos las cosas bien hechas. De que la Justicia funcione: en el fondo y en la forma. Todo son problemas y la conclusión, al final, es que la defensa de nuestros intereses, como ciudadanos, se vea obstaculizada a través de procesos tediosos, tasas injustas, dilaciones insoportables... sentencias sin sentido... Y por lo que parece, esto va de mal en peor. Y además, pagamos pingües dineros públicos que, no estaría de más saber, vaya usted a mirar al bolsillo de quién van.