El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la lealtad institucional como el “principio que deben observar las administraciones local, autonómica y general del Estado en sus relaciones recíprocas para la efectiva coordinación y eficacia administrativas”. La lealtad institucional, consecuencia de los principios de buena fe, eficacia y eficiencia, implica que las actuaciones de las administraciones públicas se desarrollen con respeto al ejercicio legítimo de las competencias de otras administraciones, la ponderación del interés público al ejercer sus competencias y la colaboración informativa que precisen el resto.

El máximo exponente de la deslealtad institucional fue el proceso protagonizado por la Generalitat catalana y su Parlamento para independizarse que obligó a la intervención del Estado y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero la lealtad institucional o constitucional es un concepto que se atropella a diario por los partidos que más presumen de constitucionalistas en la actualidad: PP, Ciudadanos y Vox.

El primero de ellos bloquea la renovación de los órganos judiciales y constitucionales, por ejemplo, sin el más mínimo pudor; el segundo quiere cambiar el equilibrio de las autonomías; y el tercero aboga por reventar buena parte del texto. 

La desafección de la ciudadanía o el crecimiento de la abstención en las elecciones tienen mucho que ver con la falta de lealtad institucional de ayuntamientos y comunidades autónomas con el Gobierno de España cuando no son del mismo color político. En Andalucía, sin ir muy lejos, la Junta se ha atribuido todos los éxitos en la lucha contra la pandemia y la salida de la crisis que eran competencias del Gobierno central y le ha achacado a éste todos los fallos cometidos fueran o no de su responsabilidad.  La deslealtad provoca contradicciones especialmente llamativas en momentos clave como las campañas electorales.

Para Feijóo, los buenos datos del paro en mayo están “falseados” por el Gobierno de Sánchez, mientras Moreno Bonilla presume de la bondad de esas mismas cifras en Andalucía. 

El problema de las deslealtades institucionales trasciende los límites territoriales del país, porque a la Unión Europea se le atribuyen todas las culpas y se ocultan las aportaciones positivas al desarrollo de sus estados miembros.

Los ayuntamientos cargan los marrones en el debe de las administraciones superiores si son de distinto signo político y en su haber las soluciones, las ayudas y lo bueno que ocurra en su término municipal. 

Fue Manuel Fraga, en su etapa de presidente de la Xunta de Galicia en los años noventa, quien impulsó el concepto de administración única, una meta difícil de lograr si no hay lealtad entre las distintas administraciones. Por eso, yo recomendaría a los líderes políticos que no ofrezcan tantos pactos de Estado y sean más leales en su trabajo diario que es lo que deseamos todos para que la gestión pública sea eficaz, eficiente y no discrimine a nadie.