Si hace un par de meses alguien nos hubiera preguntado si conocíamos el significado de este palabro, estoy segura de que la respuesta mayoritaria habría sido que no. Sin embargo, si lo preguntamos ahora, mucha gente afirmaría saber lo que es o, al menos, conocer el vocablo.
Y es que es difícil no haber oído hablar de ello, aunque, en realidad, nadie -o casi nadie- sepa muy bien qué es. Y nadie -o casi nadie- de quienes lo saben está dispuesto a explicarlo con objetividad.
Si acudimos a la Wikipedia, esa lámpara de Aladino del conocimiento popular “se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente” La traducción del inglés sería “acoso judicial” aunque ni los diccionarios anglosajones ni los nuestros recogen el término. Al menos de momento.
En esencia, se quiere aludir a algo tan manido como la politización de la justicia, una suerte de comodín del público que se utiliza cada vez que a un político no le gusta una resolución judicial. Porque lo de desviar la culpa hacia las puñetas siempre es una salida fácil. Principalmente, porque es jugar con ventaja. Dado que tanto la judicatura como la fiscalía tenemos prohibido por nuestros respectivos estatutos profesionales emitir opiniones políticas, o dirigir felicitaciones o reproches a los mandatarios públicos, cualquier posible respuesta estaría pisando esa línea tan sutil como peligrosa. Y ante eso, más vale callarse, que con las cosas de comer no se juega.
No pretendo ser corporativa ni defender cualquier cosa que hagan jueces o fiscales. Pero sí explicar algo que no todo el mundo entiende. Cada vez que un político se ve inmerso en un procedimiento judicial, las decisiones a tomar se basan en criterios jurídicos, aunque dependiendo del sentido se quiera ver otra cosa. Como experiencia personal, puedo asegurar que los tiempos en que la corrupción campaba por sus fueros en ciudades y municipios, en muchos casos ni siquiera sabíamos a qué partido pertenecía la persona investigada ni cuál era el que estaba en el poder.
Si cada vez que hay que juzgar -o no hacerlo- a un político o una política nos sobrevuela la sospecha de la parcialidad, mal vamos. Porque, tal vez sin pretenderlo, demos pasos atrás y se mire muy mucho antes de tomar una decisión. Y eso es muy peligroso.
Así que, tengamos la fiesta en paz. Y no confundamos lawfare con que un juez haga lo que no nos guste. Aunque resulte una salida fácil.
SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (@gisb_sus)
