La magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, ha escrito un libro titulado “Contranarrativa de la Transición Política en España" recientemente editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En sus páginas considera que aquel acuerdo se consiguió, no por la acción de personas individuales, sino gracias al esfuerzo y voluntad de todos los ciudadanos.

La magistrada ya había expresado algunas ideas contrarias a las de otros de sus colegas con motivo de la sentencia sobre el recurso presentado por PP y Vox contra el estado de alarma a raíz de la pandemia que, por un reñido margen de votos, dio al traste con la decisión del Gobierno. En aquel caso, Balaguer presentó un voto particular contrario al dictamen que dio la razón a los autores del recurso. En su opinión se habían desoído los valores que estaban en conflicto.

Ahora, en relación a la enmienda sobre la Ley de Memoria Democrática y el debate sobre el alcance de la Ley de Amnistía, la magistrada dice en su libro que esta ley no puede obstruir el deber de investigación de las desapariciones durante el franquismo y que es una vergüenza democrática que esa norma, duramente conseguida contra el franquismo al grito de libertad, amnistía y Estatut de autonomía, esté funcionando como una ley de punto final.

Dice también que, en base a la Constitución aprobada después, se trata de una solución absurda que deja sin tutela a los torturados imponiendo la verdad de los torturadores. Y que al menos debería analizarse que exista la posibilidad de responsabilidad civil contra el Estado por el daño que produjo el aparato represor de la dictadura. A su juicio, ésta sería una buena medida paliativa.

Las reflexiones de la magistrada Balaguer son un espacio de cordura frente a la mancha tan reciente que supone el nombramiento del poco edificante jurista Enrique Arnaldo, que se va extendiendo como ocurre con las manchas de petróleo, desde que llegaron a un acuerdo PSOE, Unidas Podemos y PP para incluirlo como magistrado del Tribunal Constitucional.

Además  ocurre que, como consecuencia del reparto de los casos de los magistrados salientes del Constitucional, le ha correspondido redactar el proyecto de fallo sobre el recurso que presentó el PP en junio de 2010 al proyecto de la Ley de plazos de la interrupción del embarazo.

Un tema sobre el que Arnaldo ha escrito en términos muy contrarios a esa iniciativa parlamentaria posicionándose con los recurrentes e incluso mostrando desprecio. “Exigir conocimiento a los gobernantes es mucho pedir”, escribía Arnaldo en 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero presidía el Gobierno de España. Resulta evidente que la postura del magistrado sobre este tema no acompaña a la idea de imparcialidad que debe regir la vida de las instituciones por parte de los responsables de su buen funcionamiento.

Se hace evidente, en todo caso, que hacen falta más juristas como María Luisa Balaguer que pongan en cuestión lo que no sirve para que la sociedad avance buscando soluciones democráticas.