Hoy se celebran en Nicaragua unas elecciones generales con aires de tragicomedia de Valle Inclán. Un esperpento doloroso que ha costado ya más de 100.000 exiliados, varios centenares de muertos, y otros tantos miles encarcelados por la megalomanía criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

Custodiados, por no decir vigilados y coaccionados,  por alrededor de 30.000 soldados y militares, además de un nutrido grupo incontrolado pero dirigido de paramilitares, los colegios electorales abrirán hoy domingo en Nicaragua para unas elecciones fraudulentas. El presidente Daniel Ortega se ha garantizado que será elegido por cuarta vez consecutiva, ya que todos sus serios rivales están detenidos y encarcelados. Los gobiernos de Washington y la Unión Europea no tienen suficientes palabras duras para condenar esta elección a la que niegan toda legitimidad “Una farsa”, “un simulacro”, aseguran, aunque el tiempo de las palabras hace mucho que pasó, y debieron pasar a la acción. Los Periodistas de casi todos los medios internacionales de comunicación, así como como los observadores internacionales, han visto denegado su acceso al país por parte del gobierno nicaragüense. El último diario de oposición que quedaba en el país, La Prensa, fue tomado a mediados de agosto por la policía y su director fue encarcelado, después de haber amenazado y casi quemado vivo a otros muchos, como el corresponsal de El País, Carlos Salinas, que se exilió hace ya meses tras ser insultado, agredido y amenazado de muerte por los paramilitares del régimen. Una semana antes de la encuesta, Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció que había desmantelado mil cuentas de Facebook e Instagram administradas por una “fábrica de trolls” del gobierno nicaragüense para manipular la opinión pública. Tres años después de la represión de abril, que dejó más de 300 muertos entre los manifestantes que exigieron en la primavera de 2018 la renuncia de Daniel Ortega, y seis meses antes de las elecciones, se ha abierto la caza de opositores: 39 figuras políticas, hombres de negocios, agricultores, estudiantes y periodistas han sido detenidos desde junio. Entre ellos, los siete candidatos potenciales que representaban una amenaza para el presidente en ejercicio, aunque habría que llamarlo dictador, sin cortapisas. La favorita de la oposición en las urnas, Cristiana Chamorro, de 67 años, hija de la simbólica ex presidenta Violeta Chamorro, fue la primera en ser detenida, el 2 de junio, y puesta en arresto domiciliario. Los opositores son acusados de socavar la soberanía nacional, de apoyar sanciones internacionales contra Nicaragua, de “traición a la patria” o “lavado de dinero”-cosa en la que son un ejemplo mafioso el dictador Ortega, su esposa y todos sus hijos, como sabemos-, en virtud de leyes aprobadas a fines de 2020 por el Parlamento títere de Managua, conferidas al ejecutivo, apenas como el poder judicial y el tribunal electoral. El terror es el clima imperante  del pequeño país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, el más pobre de la región y que está plagado desde los disturbios de 2018 con la inflación, el desempleo y la pandemia del coronavirus, cuya magnitud niega el dictador y su corte. Intelectuales como Sergio Ramírez han debido acogerse al asilo costarricense y español, tras ser puesto en busca y captura por la neurosis neroniana de Ortega. Aunque estuvo a punto de tener que irse por su asesina represión estudiantil, encontró el balón de oxígeno que necesitaba en la Iglesia Católica Apostólica y Romana del Papa Francisco, que quitó de en medio al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, muy crítico y que se posicionó con los estudiantes, primero destinándolo a Roma y después a EEUU. Báez, había conseguido una mesa de diálogo y poner al régimen de Ortega contra las cuerdas hasta que, El santo Padre, no se sabe por qué razón, decidió aliviar la presión sobre el dictador, quitando del tablero nicaragüense a este comprometido y respetado sacerdote. Tal vez porque, con acuerdos bajo la mesa, conseguía mayor poder aún de la iglesia en Nicaragua, anulando, por ejemplo, el aborto, incluso para los supuestos terapéuticos de peligro de muerte para la madre.  Todo esto y más se cuenta en la película documental “Nicaragua, patria libre para vivir”, que se ha estrenado en estas semanas en Costa Rica, como gesto contra la pantomima supuestamente democrática de Ortega. Dirigido por el escritor, director y productor granadino Daniel Rodríguez Moya, que se jugó la vida para hacerlo, cuenta la insurrección de los nietos de la revolución sandinista y el alto precio que han pagado, de muerte, persecución y exilio, por revelarse contra los abusos y la perversión de la revolución nicaragüense.  Rodríguez Moya, persona valiente y comprometida, pone voz y caras a los que, ante la inacción internacional, siguen siendo perseguidos, encarcelados y asesinados hoy, por pedir libertad, de la de verdad, no la de las pulseras, y democracia. Espejo doloroso en el que, es necesario que, también desde la izquierda, se condene, como yo hago siendo un socialdemócrata convencido, que no hay ideología, sino brutalidad y dictadura, en los que utilizan las banderas, las que sean, y los lenguajes revolucionarios, mientras actúan como asesinos sin escrúpulos.