Cuando Motagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, recomendó en 1925 al ministro de Hacienda, Winston Churchill, que apreciara la libra, John Maynard Keynes escribió un magnífico libro de treinta y tantas páginas, más que un artículo, intitulado Las consecuencias económicas del señor Churchill.
Se trataba de criticar la apreciación de la libra, su vuelta al patrón oro, la pérdida consiguiente de competitividad de la economía británica que fue obligada a depreciar sus salarios a través de reformas laborales que redujeron la renta de los trabajadores. Keynes advirtió en el opúsculo que vendrían épocas de depresión, desempleo y movilizaciones sociales. Así fue.
Del mismo modo, siguiendo el mismo patrón neoclásico, el sexto presidente, a través de la ministra de paja, Fátima Báñez, visto que no podemos depreciar nuestra moneda, en lugar de buscar la mejora de la competitividad exterior a través de la tecnología y la innovación, encuentra la solución, como Churchill, en la depreciación de los sueldos.
Por eso la reforma laboral del sexto presidente permite a los empresarios decidir unilateralmente sobre la reducción de los salarios, se descuelga de los convenios, impulsa un contrato indefinido con un año de prueba y otro de formación incluso para aquellos que tienen 30 años; o transfiere a través de las deducciones rentas de los ciudadanos a las empresas.
Se trata de una devaluación salarial. Vuelve a recaer sobre los hombros de los trabajadores la salida de la crisis. ¿Qué decía Keynes al respecto en Las consecuencias económicas del señor Churchill?: depresión, desempleo, desencanto.
Para mayor abundamiento, el ministro de Hacienda del sexto presidente, Cristobal Montoro, nos presenta un Presupuesto General del Estado que pretende reducir el déficit público en 27.300 millones de euros, desde el 8,5% al 5,8% del PIB. Una medida ineludible ante la incapacidad del Banco Central Europeo de suministrar liquidez (otro error conservador a escala continental).
Y Montoro lo hace de la forma más inopinada. Aprueba una amoral amnistía fiscal de 25.000 millones de euros para recaudar 2.500 millones de euros. Hunde a la demanda restando del bolsillo de los trabajadores españoles (vía IRPF) 4.100 millones de euros. Del mismo modo le quita a las personas jurídicas 5.350 millones de euros y, por la espalda, nos introduce el copago en las tasas jurisdiccionales.
Peor es su política de gasto la que reduce las inversiones de fomento, el motor del crecimiento, en 1.200 millones de euros (-20%). Desprecia las políticas activas de empleo restándolas 2.458 millones de euros (-16%). Le da la espalda a la tecnología reduciendo las aportaciones a la innovación industrial (CDTI) en 422 millones de euros (-79%) o a la Educación con 531 millones de euros menos (-35%). Abandona, además, a los menos favorecidos, la Dependencia, que pasa de 283 millones de euros a la nada.
Mientras tanto, el ministro de Economía del sexto presidente, Luis de Guindos, se hace experto en faenas, aún necesarias, en gran parte de cara a la galería. La limitación de los salarios de los directivos, la simplificación de las estructuras organizativas de las cajas o encarar el problema de los desahucios a través de un código de buenas prácticas. Mientras, a pesar del apoyo de hasta 52.000 millones de euros para el sistema financiero español, el crédito sigue sin fluir a las pymes, a los innovadores, a los exportadores.
El sexto presidente ha permitido que Gallardón enarbole la bandera del copago a través de las tasas jurisdiccionales, al tiempo que pretende derogar la ley del aborto e imponer la prisión permanente revisable. Bandera, por cierto, que quiere hacer ondear Ana Mato en Sanidad cuya obsesión no es otra que el repago de los servicios sanitarios.
El ministro de Industria del sexto presidente, Soria, ha sido capaz de subirnos la electricidad un 7%, al tiempo que, vía oferta, ha paralizado las ayudas a las renovables. Como Wert en Educación, quien pasará a la historia por revisar las ayudas al cine, derogar los temarios de los opositores y dar marcha atrás en la Educación para la Ciudadanía.
Mientras que Arias Cañete asiste en Bruselas impávido a un golpe mortal contra los pescadores españoles. Aún nos tiene que explicar Jorge Fernández en Interior el comportamiento de algunos de sus delegados del gobierno.
Nada que decir de Ana Pastor, ministra sin presupuesto. O de Morenés o de Margallo, que parecen ministros sin cartera. Sólo Soraya Sáenz de Santamaría es capaz de anunciar sin parpadear el fraude electoral que han puesto en marcha estos ciento once días del sexto presidente.
De fracaso en fracaso. Pierden la posibilidad de gobernar en Andalucía, observan cómo el PSOE gana en Asturias, se les presenta una huelga general, una manifestación histórica y los ciudadanos en la calle preguntándose cuál es la causa por la que ponen en marcha medidas contrarias a su programa electoral o a lo que habían prometido durante tantos años.
El sexto presidente se equivoca. El peor de los caminos. El camino equivocado. Las consecuencias económicas del señor Churchill, las consecuencias económicas del señor Rajoy, las consecuencias económicas del sexto presidente.
Antonio Miguel Carmona es miembro del Comité Federal del PSOE y profesor de Economía
www.antoniomiguelcarmona.wordpress.com
