La esperada sentencia del Tribunal Supremo contra casi todos los principales dirigentes del proceso independentista catalán es dura, sin duda alguna, pero se ajusta a la ley. Es dura, como dura fue la prisión preventiva de gran parte de los acusados, durante casi un par de años. Aunque las penas impuestas no sean tan contundentes como esperaban y deseaban las derechas hispanas políticas y mediáticas, nadie puede poner en duda la dureza de las condenas. Solo puede sostenerse algo así desde un afán insensato de venganza.

Ningún demócrata responsable y consciente puede alegrarse ahora. Porque no se debía haber llegado a este punto. La irresponsabilidad, la inconsciencia y la insensatez de los dirigentes secesionistas que optaron por una vía  unilateral, y por tanto ilegal e ilegítima, tuvo su correlato en el PP, que previamente ya había logrado la declaración de inconstitucionalidad de elementos sustantivos  del Estatuto de Autonomía catalán. De ahí vino la judialización de lo que en esencia es un conflicto político. De aquellos polvos vienen estos lodos.

La sentencia del Tribunal Supremo es la concreción jurídica de todo ello. Es un disparate que desde el movimiento independentista se haya mantenido, e incluso se siga manteniendo aún ahora, que la única sentencia justa era la de la absolución completa de todos los acusados. Los masivos actos de protesta en toda clase de grandes infraestructuras públicas, en avenidas, calles y plazas de Catalunya entera, controlados y reprimidos de forma coordinada por los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, son la consecuencia de este autoengaño, el enésimo cometido desde la dirigencia del movimiento independentista. 

Entre las muchas opiniones escuchadas estas últimas horas, destaco un par. En primer lugar la del vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes: “Los jueces no están para resolver problemas políticos. Tienen que ser los políticos los que resuelvan los problemas”. Y también la de José Montilla, que fue presidente de la Generalitat y hoy es senador del PSC: “Necesitamos actos de coraje. El primero, reconocer honestamente el fracaso de la vía escogida para defender un proyecto político. Nunca más se puede caer en el error de creer que saltarse el marco jurídico es un buen camino. En segundo lugar, entender que el “procés” ha expresado un malestar basado en la existencia de problemas reales de nuestro autogobierno, de los que debería ser consciente el conjunto de la sociedad española y que, no tengo ninguna duda, tienen solución en el marco democrático”.

¿Qué hacer ahora? Devolver el conflicto político a la política, como aconsejan tanto el magistrado Juanes como el senador Montilla. Con el añadido de un problema nuevo y muy grave: la gestión de la aplicación de esta sentencia. Una sentencia sin duda dura. Pero también flexible. Esta gestión implica, en primer lugar, la renuncia pública y expresa, por parte del secesionismo, de la unilateralidad y la ilegalidad. Pero implica asimismo la voluntad de diálogo, de  negociación y de transacción. Vamos, la tantas veces reivindicada y hasta ahora nunca aplicada tercera vía.