En el martilleo mediático constante a la opinión pública, donde la Política y la Justicia se entrelazan en una danza confusa, queda claro que no todas las presuntas irregularidades son creadas y tratadas de la misma forma. Mientras el foco mediático y judicial se clava con intensidad en ciertos nombres propios; como los de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; o el Fiscal General del Estado, a quienes se les investiga con una celeridad y un ahínco dignos de encomio; uno no puede evitar preguntarse si la misma energía investigadora se aplica de manera equitativa a todos los rincones de nuestra geografía y a todas las esferas de poder.
Andalucía ofrece dos ejemplos recientes que invitan a la reflexión y, quizás, a la sospecha, desde el punto de vista del ciudadano de a pie. El primero, el cese del director general de Pesca de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia. Las acusaciones del PSOE no son menores: se le señala por haber favorecido presuntamente a empresas vinculadas a su círculo personal desde su cargo público. Un caso que, en cualquier otro contexto, y con otros protagonistas, quizás hubiera generado una marejada informativa y judicial de grandes proporciones. Sin embargo, en este rincón del sur, el eco de las pesquisas judiciales parece algo amortiguado. ¿Dónde están los otros jueces Peinado o Hurtado cuando se trata de indagar con el mismo ahínco en presuntas tramas que no encajan en la narrativa de persecución al sanchismo? Lo cierto es que, oficialmente, el cese es a petición propia y más de dos años después de la presentación de la denuncia y de que la Oficina Andaluza Antifraude señalara la gravedad de la operación.
El segundo caso nos lleva a la localidad sevillana de Mairena del Alcor. Allí, un tanatorio público va a ser sustituido por uno privado por mor de los intereses familiares de altos cargos del PP, con acciones en la empresa proponente, que apoyó con toda rapidez el Ayuntamiento, mientras enterraba el otro proyecto.
La cuestión no es si la Justicia debe actuar, sino cómo y contra quién. Si los jueces que hoy se lanzan con determinación contra la esposa del presidente del Gobierno o el Fiscal General tuvieran entre manos los expedientes del director de Pesca andaluz o la operación del tanatorio de Mairena del Alcor, y los implicados fueran, casualmente, figuras del Partido Socialista, ¿entrarían con la misma virulencia y determinación que demuestran en otros frentes? La pregunta, para muchos, empieza a ser retórica y afecta a la credibilidad de la Justicia.
La percepción de un Poder Judicial con una posible doble vara de medir es un veneno para la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones. La diferencia en el eco mediático y en la celeridad judicial entre unos y otros casos es llamativa. No se trata de pedir impunidad para nadie, sino de exigir que la balanza de la Justicia se incline siempre por el peso de las pruebas y la Ley, y no por el color político del investigado o la dirección del viento mediático. Porque, al final, una Justicia que parece actuar con selectividad ideológica deja de ser Justicia para convertirse en una herramienta más en la contienda política.
Montesquieu y sus Tres Poderes sigue vigente, sobre la base del Principio de independencia y control mutuo. Si hay cuartos y quintos poderes deseando desestabilizar y enterrar para siempre al francés y sus teorías, mejor saberlo con claridad para enfrentarnos con garantías a un futuro incierto y preocupante.
En la II República se jugó con fuego y, entre otras muchas contradicciones, los jueces ralentizaron y obstaculizaron al máximo las reformas propuestas desde el Gobierno. Nada nuevo bajo el sol.
