El presidente en funciones de la junta, José María Barreda, ha optado por el desnudo integral que es, con permiso de Doña Dulcinea del Toboso, la mejor medicina contra la maledicencia.

La mesura, el sentido de las proporciones y, en definitiva, el de la responsabilidad y el de la honradez intelectual,  que se les suponen a quienes pueden gobernar este atribulado país han brillado en este caso por su ausencia.

Pretender que una comunidad de dos millones de habitantes, con la mitad de la deuda de la ciudad de Madrid, va a desestabilizar las cuentas públicas nacionales además de irrisorio muestra hasta dónde puede llegar la demagogia, o la mala fe.

Lo mismo que atribuir a la junta castellano-manchega en solitario los males que padecen todas las comunidades y la mayor parte de los ayuntamientos, así como el propio Estado: el vía crucis de los proveedores para cobrar sus bienes o servicios.

Probablemente, la siembra de alarma centrifugada estos días por el Partido Popular se deba a la argucia, muy sobada entre las malas artes de la política, de cargar las tintas sobre la herencia recibida, para justificar fracasos venideros o medidas impopulares, o bien para que luzca mejor la gestión propia.

Uno espera que alguna vez los ciudadanos castiguen prácticas tan viciadas. De momento no se puede esperar mucho cuando ni siquiera se castiga la corrupción en las urnas.

El discurso popular respecto a la región por la que transitaba  Don Quijote no ha podido ser más burdo: se indignan porque aseguran que carecen de las cifras que acrediten la verdadera situación de la comunidad y al mismo tiempo proclaman que Castilla-La Mancha está en quiebra. Falla la lógica o sobra frivolidad o desparpajo malicioso.

Y asegurar que los funcionarios no van a cobrar la nómina el próximo mes es algo más que gamberrismo político y se acerca al terrorismo verbal de baja intensidad.

Barreda, se preguntaba ayer en la SER el por qué "de estas mentiras tan burdas e insensatas como que estamos destruyendo facturas y papeles”. Y con toda razón añadía que eso además de absurdo es imposible. En efecto todo gasto es autorizado por la Intervención General del Estado.

“Y, sin embargo – se asombraba el manchego -  lo dicen y se quedan tan panchos". Y concluía presumiendo honradamente: “La situación es complicada pero decimos la verdad y, en lo que a las cuentas se refiere, hemos hecho un desnudo integral”.

José García Abad es periodista y analista político