Miles de personas se preguntan qué pueden hacer para lograr un alto el fuego en la implacable venganza del estado de Israel contra los habitantes de Gaza a cuenta del despiadado ataque de Hamás del 7 de octubre, y la respuesta desoladora es que nada, salvo asistir a vigilias o manifestaciones, firmar manifiestos y poco más.

Pero sí podemos presionar a nuestros representantes políticos en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo para que la UE abandone su política tradicional de perdonarle todo a los sucesivos gobiernos de Tel Aviv. Desde hace 15 años las autoridades israelíes destruyen sistemáticamente las infraestructuras de los territorios palestinos pasando por encima de su propia legalidad, y sabiendo que cuando los tribunales resuelvan ya será tarde y no se podrá reparar el daño causado.

Las demoliciones afectan a escuelas, hospitales, canalizaciones de agua, granjas y otros equipamientos sociales y comunitarios, entre los que se han contabilizado 1.691 instalaciones desde 2009, financiadas con fondos de la Unión Europea y otros organismos internacionales. Tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza se ha dado el caso de inmuebles construidos con dinero de la cooperación europea al desarrollo, que han sido destruidos y vueltos a reemplazar por lo que se han pagado dos veces.

A las preguntas de eurodiputados, entre ellos el español Miguel Urbán, al ejecutivo comunitario sobre la exigencia de indemnizaciones al Gobierno israelí, Bruselas se ha limitado a responder que toma nota y abre un expediente sobre cada una de las instalaciones destruidas o demolidas y que ha exigido la oportuna reparación económica, pero no ha ido más allá y no ha reclamado judicialmente nada al Estado de Israel.

En paralelo a las ayudas de la UE, el Gobierno de España y autonomías como la de Navarra también han financiado estructuras humanitarias en Palestina que han sido víctimas de las excavadoras o las bombas israelíes.

Si, por fin, se logra un nuevo gobierno de coalición progresista en España se le debería pedir que bloquee la venta de armas a Israel. Entre 2000 y 2022 el importe de las exportaciones de armamento a Israel sumó 139 millones de euros. El Ministerio de Defensa español ha comprado a la empresa israelita Rafael 2.600 misiles Spike, valorados en 324 millones de euros, que serán montados en nuestro país por las empresas Santa Bárbara y Tecnobit. 

Por otra parte, podemos ayudar al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) a Israel presionando a empresas como Carrefour, la de ordenadores HP o la de calzado deportivo PUMA que dejen de colaborar en la estrategia del actual Gobierno de Netanyahu.

Y, por último, hay que rechazar que el Ayuntamiento de Madrid vaya a conceder la medalla de honor a Israel, a propuesta de Vox, porque la ultraderecha española está encantada con la política de los ultraortodoxos israelíes.