Cribados, caos y escándalos judiciales: Moreno Bonilla se hunde en Andalucía y lo sabe

Los andaluces han dejado de creer en el relato de estabilidad y moderación que durante años vendió Moreno Bonilla. La realidad, tozuda, se ha impuesto: una sanidad desbordada, unos cuidados desatendidos, una educación pública que retrocede, una vivienda inalcanzable para jóvenes y familias y un reguero de escándalos que salpican directamente al Gobierno andaluz. El desgaste ya no es una sensación: es una evidencia política. Por eso el PP está nervioso. Por eso el presidente de la Junta solo acepta actos controlados y blindados. Y por eso, aunque callen, saben que están perdiendo pie.

Las encuestas serias —las que no cocina el Centra— apuntan a una caída constante y pronunciada del PP y a un ascenso del PSOE que, en algunos sondeos, ya se sitúa en primer lugar. El último CIS da más de diez puntos de diferencia al PSOE frente al PP a nivel nacional, una brecha que difícilmente podría explicarse sin un cambio significativo en Andalucía. Moreno Bonilla lo sabe. Lo nota en la calle, lo percibe en la tensión interna de su partido y lo escucha, aunque intente evitarlo, en los abucheos constantes. Ese es el punto de partida: el presidente andaluz está entrando en la fase final del ciclo político. Y esta vez, a diferencia de otras, la ola le viene en contra.

La caída no empieza con las encuestas, sino con la gestión. La crisis del cribado de cáncer de mama ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido la Junta en años. No es solo un error técnico: es la consecuencia de unas políticas que, en la práctica, han debilitado la sanidad pública. Cuando se fragmenta la atención, cuando se incrementan derivaciones y cuando se cronifica la falta de recursos, el resultado es que miles de mujeres dejan de recibir a tiempo una prueba que puede salvar vidas.

El impacto no es solo sanitario, sino también social y emocional. Ha generado miedo, angustia y rabia. Cada familia que escucha las noticias piensa: “Mañana puede tocarnos a nosotros”. Y más aún cuando desde el Gobierno andaluz se han deslizado insinuaciones que algunas afectadas han percibido como un intento de trasladarles responsabilidades. Un gesto muy cuestionado en el ámbito político y social.

La sanidad está en un punto crítico. Las listas de espera crecen, las urgencias colapsan, la atención primaria se mantiene en la precariedad y las ambulancias tardan demasiado. Es un sistema tensionado, debilitado y profundamente desigual. Y las protestas se multiplican. Cuando un gobierno pierde la calle en educación o sanidad, el desgaste es fuerte. Cuando la pierde en ambas, el deterioro es casi irreversible.

Andalucía padece también una crisis silenciosa en dependencia. Miles de personas mueren cada año con su derecho reconocido, pero sin haber recibido ayuda. Familias agotadas, cuidadores sin recursos y servicios saturados. Una realidad que contrasta con las promesas de modernización del Ejecutivo andaluz. Promesas que, para muchos colectivos, se han quedado en anuncios y fotografías.

La educación pública tampoco está mejor. La Junta incrementa fondos para la concertada mientras cierra líneas en la pública, recorta recursos y mantiene a Andalucía a la cola del país. En la universidad, se apuesta por centros privados mientras el sistema público se asfixia. Hablar de igualdad de oportunidades en ese contexto es casi un sarcasmo.

Tampoco mejora la situación de la vivienda. El Gobierno andaluz mira hacia otro lado. No regula, no interviene, no protege. Mientras los alquileres se disparan, los jóvenes son expulsados de sus barrios y acceder a una vivienda digna se convierte en un lujo, la Junta insiste en modelos que, según diversas organizaciones sociales, benefician principalmente a grandes tenedores.

Y luego están los bomberos forestales, un colectivo esencial para la seguridad del territorio que lleva años reclamando mejoras. Profesionales que se juegan la vida cada verano sin que la Junta atienda plenamente sus reivindicaciones. Otra muestra del deterioro progresivo de los servicios públicos.

Pero la gestión es solo una parte del problema. La otra, aún más corrosiva, son los escándalos. La crisis de los contratos sanitarios bajo investigación judicial abre una grieta profunda en el Gobierno andaluz. El “desfile” por los juzgados de altos y ex altos cargos de la Consejería de Salud, que comienza esta semana, pone negro sobre blanco lo que la oposición lleva años denunciando: el presunto uso abusivo de contratos de emergencia —según la investigación— incluso después de su derogación, con adjudicaciones a clínicas privadas sin los controles previos habituales.

Un agujero político que llega en el peor momento y que refuerza la idea de que, bajo la fachada de moderación, existía un modelo basado en la privatización acelerada y una notable falta de transparencia. Ahora, la justicia investiga.

A ello se suma la tormenta del PP de Almería con el “caso mascarillas”, un golpe especialmente duro. Las detenciones del presidente y vicepresidente de la Diputación y de un alcalde del PP han marcado un antes y un después. Según diversas informaciones judiciales y periodísticas, la jueza atribuye a los investigados presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. La UCO detalla vehículos, propiedades, una administración de lotería y una inflación desmedida del precio del material sanitario durante la pandemia, y ha ampliado una investigación que suma ya diez implicados.

El impacto político es evidente. Almería es un bastión clave para el PP andaluz. Y lo que está aflorando apunta a que no se trata de un episodio aislado, sino de un entramado cuya dimensión todavía está por esclarecer. Por eso dentro del propio PP hay quien admite en privado que este escándalo puede pasar factura en las próximas elecciones. Y por eso sorprende escuchar a Moreno Bonilla asegurar que “se enteró por la prensa”.

El desgaste ya es estructural. Los síntomas se acumulan: un PP a la defensiva, un presidente que ha dejado de hablar de adelantar elecciones, un clima social que se revuelve, un partido tensionado por dentro y una oposición que gana fuerza en la calle. Moreno Bonilla afronta meses muy complicados. Y sabe que los ciclos políticos suelen agotarse en ocho años. Después, lo que queda es perder.

Por eso intenta resistir, aguantar, esperar a que amaine el temporal. Pero la política, como la vida, se rige más por la Ley de Murphy que por los deseos de un presidente. Cuando algo va mal, casi siempre va a peor. Y en Andalucía, todos los frentes están abiertos.

La próxima semana llega el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Un examen público al que Moreno Bonilla llega debilitado, cuestionado y sin narrativa. Un debate que puede marcar un antes y un después. Y un punto de partida hacia algo que el PP ya teme en privado: que las próximas elecciones en Andalucía no las van a ganar.