Desde hace unas semanas, la exigencia de un referéndum de autodeterminación ha bajado algunos decibelios. Junts y ERC están concentrados en la política real, en recuperarse de la derrota, en poner orden en sus partidos y en intentar sacar algo del peso de los diputados obtenidos. Antes de llegar a esta encrucijada, no había día sin que un dirigente soberanista vaticinara que el referéndum de independencia de Cataluña era inevitable. Gabriel Rufián aseguró, incluso, que el referéndum llegaría con el PSOE o con el PP, porqué según él, tanto monta monta tanto.
El portavoz de ERC en el Congreso perdió su acreditación como profeta desde que, en 2015, en su debut como diputado en el Congreso, anunció que “dejaré mi escaño en 18 meses para regresar a la República Catalana”. Sin embargo, la lógica más elemental permite asegurar que, efectivamente, algún día en Cataluña se votará algo en un referéndum, siendo este “algo” el quid de la cuestión y la modalidad de la consulta el complemento perfecto de tanta indeterminación.
En Cataluña se puede votar un referéndum de reforma constitucional como en toda España, cuando se den las circunstancias apropiadas para ello en el Congreso de los Diputados. No es el caso, de momento. Se podría convocar también un referéndum sobre un nuevo estatuto autonómico, de alcanzarse una mayoría cualificada favorable en el Parlament. Tampoco esta mayoría se percibe próxima, de no cambiar mucho las prioridades del independentismo. No hay que descartar del todo un referéndum consultivo como propuso Pere Aragonés en sus últimos días como presidente de la Generalitat, siempre que la pregunta superara el examen del Tribunal Constitucional, lo que implica una formulación muy genérica sobre futuros constitucionales imperfectos y por tanto muy alejada del sí o el no a la secesión.
En algún momento en los próximos años, el independentismo tendrá que reconocer que un referéndum de independencia como el de Escocia no se ajusta a la Constitución sin modificar el artículo 2. La analogía estratégica utilizada a la salud del cambio de opinión sobre la amnistía por parte de Pedro Sánchez -si esta ley orgánica ha sido posible también lo será el referéndum- tiene sentido como argumento de negociación permanente con el PSOE por parte de ERC y Junts, sabiendo que el objetivo concreto y alcanzable es otro, como la financiación de la Generalitat, por ejemplo.
De todas maneras, el independentismo no puede renunciar al desiderátum del referéndum, so pena de ahondar más en su desgracia electora, ni nadie puede hacerse la ilusión de que esto sucederá. Llegará pues una circunstancia en la que lo determinante, urgente e inevitable será votar “algo”, al menos para mantener viva la lucecita. Y de paso, superar el gran déficit democrático del soberanismo. Porqué sobre la legitimidad indiscutible del proyecto separatista recae la losa de los resultados habidos en Cataluña, indiscutiblemente a favor de la Constitución y de los dos estatutos autonómicos. Revertir este 0 a 3 de forma impecable, jurídica y democráticamente, no permite utilizar atajos como los ensayados hasta ahora.
Una opción para equilibrar el marcador sería conseguir una votación en un referéndum que deje constancia de la voluntad mayoritaria de los catalanes de modificar el Estado de las Autonomías, sin mayores concreciones para no entrar en el pantano del TC. Ningún partido ha demostrado ningún interés por preguntar a los catalanes si quieren o no que el Parlament proponga al Congreso una reforma constitucional para abrir horizontes institucionales más allá de la autonomía. La cámara catalana tiene la facultad de solicitar el inicio de la reforma constitucional y podría consultar a los catalanes sobre la posibilidad de presentarla o no al Congreso; aunque el intento acabará cosechando una negativa rotunda en la cámara baja, la consulta aportaría un dato significativo, legítimo y legal, sobre la voluntad de los catalanes de modificar o no el presente autonómico. Sería un 1-3 para ir ganando tiempo.
Hay otras alternativas para inaugurar este marcador tan desfavorable. En diversas ocasiones, algunas voces han planteado que podría someterse a consulta consultiva un eventual acuerdo en la mesa de negociación entre el gobierno central y la Generalitat. Ahora mismo, esta mesa está en el congelador, a la espera de novedades en la investidura de un nuevo presidente catalán o en los resultados de una repetición electoral.
Qu el “algo” está por determinar y nadie todavía ha querido concretarlo resulta una evidencia. Tan potente esta evidencia como la que nace del hecho de que ni ERC ni Junts creen realmente viable un referéndum de independencia a corto plazo; de creerlo lo habrían exigido a Pedro Sánchez para garantizarle su investidura, como hicieron, con éxito, con la amnistía y ahora hacen con la financiación singular. Tal vez el presidente del gobierno acabe aceptando una consulta para certificar el rechazo de los catalanes al estatuto vigente, que no es el que aprobó el Parlament ni el que votaron en referéndum. Un pequeño paso para empezar un largo camino.
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