El Cambio Climático ha puesto de manifiesto cómo, en algunas zonas costeras de nuestro litoral, la construcción desordenada de segundas residencias durante el tardofranquismo y los primeros años 80 ha provocado que estén ahora en serio peligro de derrumbe, sencillamente porque se levantaron a pie de playa, a la orillita del mar, sin respetar el Dominio Público Marítimo Terrestre (establecido ya desde la primera Ley de Costas de 1969) y, sobre todo, fuera de toda lógica, a merced de los fuertes temporales de invierno. Aquellos propietarios disponían de los suficientes contactos y adhesiones inquebrantables como para permitirse que se mirara para otro lado, de modo que han gozado de propiedades en magníficos emplazamientos, obteniendo beneficios económicos cuantiosos cuando entraban en los alquileres vacacionales, especialmente en los meses de julio y agosto. Así durante más de 40 años.

Un ejemplo es la Playa de El Portil, en el término municipal de Punta Umbría, en Huelva, antaño una anchisima línea de costa donde disfrutaban en verano cientos de bañistas y hoy convertida en una amenazante y recortada zona donde asoman ya los cimientos de las construcciones levantadas en aquella época. Las últimas lluvias se han llevado definitivamente las escaleras de acceso montadas por el municipio, que hoy son una suerte de maderas echadas a perder.

Naturalmente los vecinos piden soluciones, porque ahora es peligroso vivir allí y con cierta frecuencia salen en los medios de comunicación locales señalando al Gobierno y a la Dirección General de la Costa y el Mar, que así se llama ahora, exigiendo, con mucha violencia verbal, inversiones urgentes antes de la llegada de la temporada estival.  A la petición se suma con toda tranquilidad el Ayuntamiento, cuyo alcalde es José Carlos Hernández Cansino, elegido en 2023, pero que ya gobernó la localidad costera hace 20 años -entre 2003 y 2007- bajo las siglas del Partido Popular, que gobernaba entonces España, aunque esta vez lo hace con el partido local “Unidos por Punta Umbría (UPU)”, que fundó y preside, tras una violenta ruptura con los populares. La exigencia municipal de inversiones urgentes por parte del Estado olvida todo lo ocurrido en el pasado, incluida la permisividad de los regidores locales de entonces.

De hecho, a todo el que se le pregunte siempre aporta una solución más o menos acertada, que es construir varios espigones que retengan las arenas que se llevan los temporales de los últimos años. Una inversión cara que debe aportar el Estado, vía Costas, para garantizar el mantenimiento de una playa, que es un bien público; pero, de paso, dar viabilidad a construcciones que podrían incumplir la vigente Ley de Costas de 2013 y su Reglamento de 2014. El tema está judicializado, en tanto que el paso de los años también genera derechos. Va para muy largo.

Costas no ha entrado en el debate profundo, puesto que, además, sería necesario un estudio medioambiental completo, para evitar que una solución aquí perjudicara a otras zonas más o menos cercanas. Eso sí, el Gobierno ha desembolsado ya importantes cantidades para la reposición de arena, solución que sirve para poco tiempo, porque el siguiente temporal se las acabará llevando, como viene ocurriendo. Es un tira y afloja constante donde sería prudente que los propietarios y el Ayuntamiento fueran conscientes de que sus exigencias son matizables y merecen una negociación global que no se convierta en un agravio para los bañistas que no tuvieron la oportunidad de construir su casa a pie de playa, a costa de todos los contribuyentes. El verdadero interés que hay que defender es el dominio público, por lo tanto propiedad de todos, para que podamos disfrutar de una costa envidiable, de la que algunos se aprovecharon hace años.

Se estarán preguntando ustedes por la otra gran Administración, la Junta de Andalucía. Simplemente se mantiene expectante, pero poco más, poniendo a disposición sus técnicos de segundo nivel para las reuniones que se vayan a convocar. Y punto.