Isabel Díaz Ayuso ya casi tiene gobierno. Desde su investidura, con los votos necesarios de la ultraderecha de Vox, a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid le han estado haciendo el Ejecutivo. Por una parte, desde Génova, con hombres de confianza que puedan “tutelar” a la imprevisible revelación de la temporada política. Por otra parte, desde Ciudadanos su socio de coalición, que le nombraban unos consejeros de los que Díaz Ayuso ha reconocido que se enteraba por los medios de comunicación. Pero este fin de semana, sin que se sepa si es elección propia o impuesta, la de Chamberí ha podido sacar pecho de un nombramiento de relumbrón: el del juez Enrique López para esa Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo que se sacó de la chistera en la investidura.
Desde luego, el nombramiento de Enrique López es toda una excelente noticia, para los madrileños en particular y para los españoles en general, y supone la apoteosis de una carrera profesional en la que todos los caminos apuntaban a este fin de trayecto: una cartera del Partido Popular. Me explico.
Enrique López es un viejo conocido de la crónica política. Ya como vocal del Consejo General del Poder Judicial (a propuesta del PP), la formación conservadora, por petición de Federico Trillo, le intentó colocar en el Tribunal Constitucional. Era la época de Zapatero y la jugada buscaba mantener bloqueada la mayoría conservadora en la más importante sede judicial del país. Y se mantenía bloqueada porque López no tenía currículum suficiente, según marcaba la norma interna, para acceder a semejante magistratura, además de ser entones cuñado de Manuel Manovel, mano derecha de José Luis Ulibarri, entonces primer imputado del caso Gürtel y ahora también imputado en la Operación Enredadera.
Pero el PP insistió en su propuesta para provocar el rechazo del PSOE hasta que López acumuló años suficientes y se convirtió en juez del Constitucional. Menos de un año después de acceder a tal ansiado cargo, la policía le pillaba en plena Castellana madrileña, a lomos de su moto, con el cuádruple de alcohol permitido, sin casco y saltándose semáforos en rojo.
Tras su vergonzosa dimisión, volvió a la Audiencia Nacional, donde pudo hacer de las suyas donde le dejaron. Es decir, en los casos Valtónyc y Guillermo Zapata. Al primero, le condenó a varios años de cárcel por las letras de sus canciones; al segundo, le llevó a juicio por unos chistes sobre Irene Villa, de los que luego fue absuelto. En otras cuestiones, no se le permitió tocar bola: fue recusado de toda pieza Gürtel a la que se acercaba por su cercanía al Partido Popular, la formación que muñó su carrera y la que le tuvo en nómina, a través de la Fundación FAES, que le pagaba sobresueldos por dar charlas en este cajón de sastre ideológico vinculado al PP.
Díaz Ayuso rescata ahora a López de la Audiencia Nacional, donde estaba adscrito a la recién creada Sala de Apelaciones. El juez se había quedado en tierra de nadie después de que el Tribunal Supremo le anulase la plaza en propiedad en dicha sala, al sentenciar que tenía que ganársela a dedo y no por concurso. Mientras, el magistrado nos ha seguido regalando sus artículos en La Razón donde apuesta por actitudes autoritarias para “defender a la democracia de fines odiosos”. Por suerte, estas piezas ideológicas pasaban la revisión de la redacción y nos libraban de las hasta 50 faltas de ortografía que podían encontrarse en sus escritos judiciales.
Por todo esto citado arriba, los madrileños pueden estar de enhorabuena, porque la persona de la que dependerá la seguridad y la justicia en la región al menos es, al menos sobradamente conocida. Así se evitan la sorpresa vivida con Díaz Ayuso, a la que por lo visto nadie conocía y de la que luego han descubierto todo un repertorio de supuestas corruptelas y vergüenzas.
Y es una noticia suprema para los españoles en general. Porque, al fin, López se ha pasado a la política en la que tanto militó parapetado tras una toga. El Estado gana así unos gramos de seguridad jurídica. Y los ciudadanos no temerán que en sus cuitas judiciales les toque el magistrado que dijo aquello “a veces es difícil que la ideología no tenga trascendencia en la resolución de un caso” y les acabe condenando por sus pensamientos, ideas o tuits.
