El juez más politizado de España lo ha vuelto a hacer. Enrique López, responsable de  Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular, ha insistido este martes en la necesidad de dotar a la Fiscalía General del Estado de un "estatuto de independencia" que evite que nombramientos como el de Dolores Delgado, exministra de Justicia y diputada socialista, puedan repetirse.

López se ha expresado así en una entrevista en La hora de la 1 tras ser preguntado por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que el Gobierno aprobará este mismo martes al Consejo de Ministros. Tras reconocer la necesidad de renovación, López ha pedido al Ejecutivo que escuchen a jueces y fiscales.

"Nadie pensaba que, a pesar de que el estatuto del ministerio fiscal no lo prohibiera, que alguien pudiera nombrar fiscal general del Estado a un ministro de Justicia o diputado hasta ese momento. Hay que remontarse a los Kennedy, cuando el presidente nombró a su hermano. Eso ya no ocurre ni en EEUU. Ese grado de afinidad de una persona con el presidente del Gobierno es imposible en una democracia", ha sostenido.

En esta línea, el también Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el PSOE por ir contra las normas no escritas de la Fiscalía. "El PSOE ha demostrado que es capaz de hacer eso aunque no se prohíba, con lo cual hay que prohibirlo. Pensábamos que había un sentido de responsabilidad y común que se ha roto", ha añadido.

Así, López ha insistido en que Sánchez nombró a Dolores Delgado después de que ésta hiciese campaña electoral. "¿Quién me va a impedir que no haga yo campaña?", se ha preguntado, para después continuar: "Nadie, porque voy a ejercer como político. Pero no voy a poder ser vocal del CGPJ. No puedo ser Fiscal General del Estado. Yo no lo aceptaría", ha apostillado.

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Un juez politizado

Resulta especialmente llamativo que López realice estas declaraciones y de lecciones de independencia judicial cuando precisamente él, que es uno de los magistrados más politizados del país.

Todas sus designaciones han estado envueltas en polémica y siempre de la mano de Génova. Mariano Rajoy le colocó a dedo en el Tribunal Constitucional pese a las reticencias de los jueces, fue recusado en todas las causas Gürtel por sus vínculos con el PP y ha sido rescatado por Ayuso como consejero y por Pablo Casado como responsable de Justicia.

Empecemos por el principio. En el año 2001 se incorporó al Juzgado de Instrucción número 10 de León. El 8 de noviembre del 2001, a propuesta del PP, es nombrado Vocal del Consejo General del Poder Judicial, siendo portavoz de dicho órgano hasta el 2008. En ese momento es nombrado como Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En el año 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional pese a que su candidatura fue tumbada varias veces por el veto del PSOE. La renovación de este órgano, de hecho, estuvo bloqueada durante tres años hasta que el PP accedió en 2010 a retirar su nombre de la terna propuesta por el Senado. En 2013 se produce el nombramiento a propuesta del CGPJ y gracias al voto de calidad del presidente de dicho órgano, otro consumado genovés, Pascual Sala. Y se concreta a pesar de que los jueces consideran que no tenía la antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional. Además, el mayor de los problemas no era la longevidad de su carrera, sino las carencias técnico-jurídicas para ser magistrado del Constitucional que algunos compañeros le atribuían.  A todo esto, habría que sumarle que acostumbraba como vocal del CGPJ a cuestionar las leyes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Llegó al extremo de defender que el Consejo hiciera, sin concurrir los requisitos legales para ello, informes sobre la reforma del Estatuto de Cataluña y la Ley que aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Con todo el quilombo montado, Enrique López duró apenas un año en el cargo. Fue forzado a dimitir tras ser cazado conduciendo su moto bajo los efectos del alcohol y sin casco.

Regresó a la Audiencia Nacional y rápidamente volvieron los fantasmas. El 30 de octubre del 2015 fue recusado por varias acusaciones populares así como la fiscalía por sus afinidades de todo tipo y colores con los genoveses. Sus colegas de la sala de lo Penal aceptaron las recusaciones y le apartaron de la PS 1 Época 1999-2005. Posteriormente también ha sido recusado y apartado en las piezas separadas de la Caja B; AENA, JEREZ y Visita Papa a Valencia.

La clave de su recusación en las causas que salpicaban al PP radica en que fue un estrecho colaborador de FAES,el think tank del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante años trabajó como ponente y/o asistente para esta Fundación. Solo entre el año 2003 y el año 2008 participó en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada por los que ha cobrado sin complejos. 

Después, el CGPJ tuvo a bien nombrarle, junto al juez Eloy Velasco, para el puesto de vocal de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, hasta que el Tribunal Supremo ha anulado su nombramiento.

Su dilatada carrera marcada por tintes genovesas continúa, pero ahora, del lado de la política, como consejero de Ayuso y responsable de Justicia del PP.

La pregunta es: ¿No había otro perfil para dar lecciones de cómo no politizar la Justicia? Conocido el vodevil de López, cuesta creerlo.