En los últimos días, Artur Mas se ha paseado por televisiones y emisoras de radio catalanas pidiendo más generosidad a sus conciudadanos. Las donaciones que se están recogiendo para pagar la fianza que le impuso el Tribunal de Cuentas, se le antojan rácanas . A diferencia de otros mendicantes, que nos obsequian con una sesión de acordeón o un poema, el expresidente de la Generalitat se limita a pedir sin ofrecernos nada a cambio. Ni siquiera la promesa de que si abonamos los más de dos millones de euros que le faltan para completar la fianza, abandonará para siempre la política. Lo que vendría a ser el equivalente al manido "triste es de pedir, pero más triste es de robar".

Los políticos independentistas se han ocupado de que hubiera dinero para sus fianzas (porque los letrados del Parlament les advirtieron en infinidad de ocasiones que estaban cometiendo actos ilegales), pero ninguno de ellos ha mostrado la mínima inquietud por quién se hará responsable de las enormes pérdidas económicas que está provocando el Procés. A la marcha de empresas se suma el boicot a los productos catalanes y la más que probable pérdida de congresos y sedes de importantes organizaciones internacionales.

En estos últimos cinco años han sido muchas las voces de prestigiosos expertos que advertían de lo que que ahora está sucediendo. Previsiones que los dirigentes del Procés contrarrestaban con opiniones de aprendices de brujo, como Xavier Sala i Martín (al que se le han pagado los servicios con un programa en TV3), que profetizaban para Cataluña un futuro de vino y rosas. Se vio con claridad en el famoso debate entre Josep Borrell y Oriol Junqueras en 8TV, en el que el primero anunció punto por punto lo que ahora estamos viendo, ante la mirada entre sorprendida y burlesca del por entonces vicepresidente y conseller de economía.

Pero la responsabilidad del desastre económico al que se ve abocada Cataluña, no es exclusiva de los dirigentes independentistas. El gobierno del Partido Popular, con su negativa al diálogo es igualmente culpable. Muchos pueden pensar que el Gobierno de Rajoy, con acciones como la de facilitar legalmente la marcha de empresas de Cataluña a otros lugares de España (especialmente a Madrid), pretendía dar un simple escarmiento al independentismo; pero quizá se trate de algo de mucho más calado. El trasvase de poder económico a la capital de España y, por lo tanto, la pérdida de peso de Cataluña en la economía nacional, tiene toda la pinta de ser una acción premeditada. Quizá sea la maquiavélica solución política que hasta ahora ha mantenido oculta Mariano Rajoy. 

Artur Mas y el resto de líderes independentistas deberían preocuparse, más que en buscar su salvación, en encontrar la manera de compensar a unos ciudadanos catalanes (más de la mitad ni siquiera los votaron) a los que les prometieron que los llevaban al cielo, cuando sabían que lo más lejos que podían llegar era al purgatorio.