Ser de izquierdas implica el NO al CETA

El CETA viene de la mano junto a otros grandes Tratados, como son el TPP, el TTIP o el ITSA. Suelen considerarse acuerdos de carácter comercial, cuando en realidad vienen suponiendo un compendio de medidas que harán mella en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema legal y en la soberanía de la ciudadanía europea. 

¿Qué es lo más importante para estos tratados? Puede que usted se lo pregunte, sobre todo porque ahora los Populares, los Ciudadanos.... andan por ahí diciendo que esto es una maravilla, que es la evolución y el súmmum de la modernidad. Pues bien, lo que le importa a estos tratados es proteger a las empresas, sobre todo multinacionales, por encima de la ciudadanía, de los gobiernos, de los estados, de los sistemas judiciales. Y no, no exagero. Porque para establecer la resolución de los litigios que pudieran ocasionarse, se prevé la creación de un sistema judicial paralelo al que ya tenemos y conocemos todos, que dirimirá los asuntos que puedan concernir a la aplicación de estas normas. Y en estos tribunales, que se regirán por lo específicamente tratado en estos tratados, lo que prima es el interés comercial y económico de las transacciones a realizar. 

Me sorprende que el Partido Popular y Ciudadanos no hayan comentado que en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales se elaboró un documento que recomendaba NO aprobar el CETA porque supondría la pérdida de 200.000 puestos de trabajo, además de seguir ahondando en el debilitamiento de los derechos laborales y garantías de los trabajadores. Se aplastará con él a las pequeñas y medianas empresas y esto será literalmente una jungla donde las multinacionales arrasen a sus anchas. Hasta cierto punto entiendo que Populares y Ciudadanos esto no lo tengan entre sus ideas nocturnas que no les permitan dormir. Pero Sánchez, mi querido Pedro, esto sería razón suficiente para que digáis que NO en el PSOE. 

Según Gustavo Palomares, Catedrático de la UNED, el CETA "no establece ninguna salvaguardia respecto a los efectos negativos laborales, sociales o sindicales fruto de la aplicación recíproca del Acuerdo. Más comercio, sí. Más inversiones, también. Más empleo, por supuesto. Pero en ningún caso, al coste de una renuncia tácita a la protección de derechos sociales y laborales históricos o, también derechos sectoriales nacionales ya adquiridos."

Por si todo esto fuera poco, la manera de abordar la negociación se ha saltado la normativa europea. O sea, el Tratado de la propia UE. Por ser casi a escondidas, sin información visible para la ciudadanía, con fuertes medidas de "seguridad" que amenazaban a los políticos ante las consecuencias que podría tener la más mínima filtración de información a los ciudadanos que representan, o sea, que podríamos decir que ya la entrada del CETA ha sido más bien un secuestro en toda regla de las formas democráticas que necesitan de la transparencia y la información para ser abordadas correctamente. 

Para Palomares, en el CETA no se establecen acciones conjuntas respecto a la condicionalidad democrática o medio ambiental, como tampoco se establece el compromiso de avance conjunto entre Canadá y la UE para avanzar en esta línea de democratización, gobernanza global, transparencia política, fiscal y financiera, protección medio ambiental y climática. 

Como acertadamente señala el Catedrático Julio González, a este proceder se le podría haber aplicado el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE al respecto del Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, donde se dejó claro que la UE se había extralimitado en sus funciones durante la negociación. Y es que, como bien señala el catedrático de la Universidad Complutense, "la UE está utilizando la política comercial para inlcluir regulación que afecta a otros aspectos, sociales, ambientales o económicos". 

Nuestra democracia, nuestras garantías como ciudadanos y las del sistema garante en seguridad sanitaria, de consumidores, de medio ambiente, queda postergada a la vista de los intereses comerciales. Y esto no es una exageración. Es que para eso se establece este acuerdo, para remover los obstáculos "legislativos" que le puedan poner trabas al libre comercio. 

Por si todo esto fuera poco, además, durante la negociación se ha llegado a acordar una medida transitoria, que supone el comienzo de la aplicación de muchas medidas del tratado de manera preliminar, pasando por encima de la decisión de los gobiernos de los Estados de Europa. O sea, coloquialmente podríamos decir que se nos ha colado este tratado por la puerta de atrás y ahora todo esto que se está montando no deja de ser una pantomima para poner el broche a lo que ya de facto se ha venido haciendo a nuestras espaldas. 

Y de manera específica, en lo que nos afecta, no ya como europeos que está claro que si, sino como españoles: ¿cómo nos deja este tratado a nosotros? Pues en situación de debilidad. Porque no tenemos los mismos derechos que los canadienses. A los empresarios españoles se les aplicará la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para decidir si tienen derecho a ser indemnizados por un cambio que haya realizado el Estado (necesitando que el incumplimiento sea inconstitucional) mientras a los canadienses se les aplica un baremo de "trato justo y equilibrado" sin necesidad de que lo que les afecte sea inconstitucional. Incluso pueden reclamar si en una transacción no han tenido los beneficios esperados. 

En definitiva, este tipo de acuerdos son un caballo de Troya en nuestros Estados, un ataque directo al sistema que garantiza unos estándares en lo que a la protección social, sanitaria, medioambiental se refiere, un golpe sutil a nuestra democracia, a nuestra justicia. Es una nueva manera de seguir doblegando a los ciudadanos frente al capitalismo que siempre quiso campar a sus anchas. Por eso, lógicamente, la izquierda dice NO a estos "acuerdos". Y si el nuevo PSOE dice ser "la izquierda" no caben medias tintas. 

No al CETA.