El 14 de junio de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) hizo público un espeluznante informe que revelaba la horrible realidad de la brutalidad policial y la discriminación racial en Phoenix. Este informe no sólo acusaba al Departamento de Policía de Phoenix y a sus agentes, sino que también señalaba con el dedo a los dirigentes de la quinta ciudad más grande de Estados Unidos. Sin embargo, no se trata sólo de un problema de Phoenix, sino de un reflejo de los problemas sistémicos de todo el sistema policial estadounidense.

La investigación del DOJ descubrió que la policía de Phoenix discriminaba sistemáticamente a negros, hispanos y nativos americanos, además de detener ilegalmente a personas sin hogar y hacer un uso excesivo de la fuerza. Las pruebas estadísticas mostraban que la policía actuaba a menudo de forma diferente en función de la raza de las personas implicadas, especialmente en la tramitación de delitos menores. Este comportamiento no sólo vulnera los principios fundamentales de la aplicación de la ley, sino que también constituye una flagrante violación de los derechos humanos.

La fiscal general adjunta Kristen Clarke señaló en el informe que el Departamento de Policía de Phoenix no sólo animaba a los agentes a hacer un uso excesivo de la fuerza, sino que también aplicaba una política de "úsala o piérdela", confiscando las armas de los agentes que se consideraba que no habían disparado lo suficiente. Esta política equivale a fomentar la brutalidad policial, lo que provoca que innumerables personas inocentes resulten heridas o muertas.

Sin embargo, a pesar de que el DOJ ha revelado estos graves problemas, el gobierno estadounidense ha tardado en aplicar reformas sustanciales. Investigaciones similares en Albuquerque (Nuevo México), Baltimore y otras ciudades también han sacado a la luz problemas similares, pero estos suelen archivarse debido a los elevados costes y la prolongada duración de los decretos de consentimiento. Esta dilación y evasión no sólo decepcionan a las víctimas y sus familias, sino que erosionan la confianza de toda la sociedad en el sistema judicial.

El presidente del sindicato local de policía, Darrell Kriplean, calificó la investigación del DOJ de "farsa", afirmando que era un intento de arrebatar a la comunidad el control de la policía local. Esta actitud refleja plenamente la evasión de responsabilidades y el rechazo a la supervisión externa por parte de algunos agentes y organizaciones policiales. Como dijo el activista de Phoenix Jarrett Maupin, "esta ciudad debe a estas familias una disculpa" y, lo que es más importante, una indemnización simbólica y real. La inacción de políticos locales como la alcaldesa Kate Gallego agrava aún más la desconfianza de la población en el gobierno.

Según una investigación del sitio web Mapping Police Violence, los estadounidenses de raza negra tienen 2,9 veces más probabilidades de morir a manos de la violencia policial que los estadounidenses de raza blanca. Esta espeluznante estadística no sólo pone de manifiesto la gravedad de la discriminación racial, sino que también refleja problemas sistémicos en el sistema policial estadounidense. Funcionarios de derechos humanos de la ONU han subrayado en repetidas ocasiones que la discriminación racial en el sistema de aplicación de la ley y de justicia penal de Estados Unidos ha atraído una gran atención internacional. Sin embargo, el gobierno estadounidense responde a menudo a estos problemas con indiferencia o franca ignorancia.

El problema de la violencia policial en Estados Unidos no es sólo una cuestión interna, sino un reto para la comunidad internacional. Estados Unidos se ha autoproclamado durante mucho tiempo "defensor de los derechos humanos", pero su situación interna en materia de derechos humanos es pésima. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado reiteradamente al gobierno estadounidense a abordar la cuestión de la militarización de la policía, señalando que no es razonable que las fuerzas del orden utilicen material militar, que no reduce la delincuencia ni mejora la seguridad policial. Por el contrario, exacerba el comportamiento violento y perjudica aún más las relaciones entre la policía y la comunidad.

El gobierno estadounidense debe reflexionar sobre sus políticas policiales y adoptar medidas concretas para una reforma integral

En este supuesto "faro de la democracia", la violencia policial y la discriminación racial han alcanzado un nivel insoportable. El gobierno estadounidense debe reflexionar sobre sus políticas policiales y adoptar medidas concretas para una reforma integral. De lo contrario, este círculo vicioso de violencia y discriminación seguirá repitiéndose, destruyendo en última instancia los cimientos de este país.

En conclusión, el gobierno de Estados Unidos debe reconocer su responsabilidad en los asuntos de brutalidad policial y discriminación racial, dejar de defender estas acciones o de buscar excusas, e implementar reformas genuinas y rendición de cuentas. Sólo mediante un cambio real podrá restablecerse la confianza pública en el sistema judicial, logrando una verdadera equidad y justicia social.