Naomi Klein, la autora de los míticos ensayos No Logo (2001) y La doctrina del shock (2007), vuelve con La batalla por el paraíso: Puerto Rico contra el capitalismo del desastre, analizando los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán María.
El libro está basado en el viaje que hizo la periodista a Puerto Rico seis meses después de que el huracán María azotara la isla, cuando ésta se convirtió en escenario de un campo de batalla donde inversores, sobre todo de la industria tecnológica, y portorriqueños luchaban por reconstruir su país. Donde el gobierno se ha aprovechado además para aplicar planes de privatización de instituciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (conocida como PREPA) o distintas escuelas, lo que se venía intentando, sin aceptación popular, desde años atrás.
No es la primera vez que Klein explora terrenos que se explotan económicamente tras crisis económicas, guerras o desastres naturales, y cómo las personas más pobres, las menos responsables de las crisis económicas y medioambientales, son las que más sufren sus consecuencias. Ya hizo lo propio en Irak tras la invasión de Estados Unidos, o en Nueva Orleans después del huracán Katrina. Esta nueva investigación es otro eslabón en su teoría de poder, que plantea que élites políticas y económicas aprovechan estados de excepción o de emergencia para aplicar medidas que, de otra manera, serían muy impopulares, y cómo crisis y desastres naturales se utilizan, cada vez más, como oportunidades para hacer negocios. Es lo que ella llama “capitalismo del desastre”, y explica en La doctrina del shock. En el caso de Puerto Rico, más que de un “shock”, la autora habla de la explotación capitalista de un “trauma”.
El gobierno de Puerto Rico podría haber incurrido en ilegalidades en su desesperación tras el huracán. Recurrió a la estrategia de pedir préstamos, en parte gracias a su estatus fiscal especial para emitir bonos municipales exentos de impuestos locales, estatales y federales. También compró bonos de inversión de alto riesgo, que llegaron a acumular tasas de interés de entre el 785 % y el 1 000%. La deuda de la isla explotó, en gran parte debido a este tipo de instrumento financiero depredador y de préstamos que se asumieron bajo condiciones que a ojos de muchos expertos eran ilegales de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico. Según la información recopilada por el abogado Armando Pintado, los pagos al servicio de la deuda, que incluyen intereses y otros cargos que se le pagan a la industria bancaria, aumentaron cinco veces entre 2001 y 2014, con un pico particularmente notable en 2008. Esto supuso otro shock más a la economía de la isla. Y así, una vez más, se abusó de una atmósfera de crisis para forzar una austeridad severa a un pueblo desesperado. En 2009, el entonces gobernador de Puerto Rico aprobó una ley que declaró un «estado de emergencia» y la usó para despedir a más de diecisiete mil empleados del sector público.
Como ha ocurrido en todas partes (estas políticas las han impuesto recientemente desde el Reino Unido hasta Grecia), la isla no volvió a crecer, se vio abocada al abismo de la falta de empleo, recesión y bancarrota.
