La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) lanza la Campaña #EmergenciaVivienda, que reclama nuestra atención sobre la emergencia residencial y habitacional en la que viven más de 11 millones de personas en España: el 23,7% de la población está afectado por algún indicador de exclusión residencial en España.
“Desde las organizaciones de Tercer Sector de Acción Social comprobamos día a día que la vivienda en nuestro país se ha convertido en uno de los determinantes sociales más importantes para explicar los procesos de exclusión social y pobreza”, señalan las entidades organizadoras.
Además, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado en dos millones el número de personas afectadas por retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos), y afecta hoy a más de 5,7 millones de personas.
“Se trata de una emergencia que afecta especialmente a las personas más jóvenes, el tramo de edad con mayor porcentaje de pobreza y exclusión social y con un serio riesgo de transmisión intergeneracional”, indican los convocantes de esta movilización. “Empeora ante crecientes situaciones de discriminación en las que se obstaculiza el acceso y mantenimiento de una vivienda por cuestiones relacionadas con el país de origen, nacionalidad o etnicidad, género, discapacidad o criminalización de la pobreza”.
Frente a esta emergencia, “constatamos de nuevo que a nivel estatal y también en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, hay una clara falta de dotación presupuestaria, políticas y medidas fuertes y cohesionadas que apuntalen este derecho. Una emergencia a la que no se le ha dado respuesta en los últimos 10 años y que tememos que se cronifique aún más”.
En España, el volumen de vivienda protegida construida es la más baja desde la década de 1950, promoviéndose en 2019 apenas 6.615. Una disminución del 90% en 10 años. Al mismo tiempo, el parque de vivienda social supone el 0,96% de las viviendas principales (algo menos de 178.500 viviendas), cuando en la Unión Europea es del 9,3 %.
Afirman que, “frente a esta emergencia, la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda y el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda representan una oportunidad para asegurar la función social de la vivienda en todo el territorio y hacer frente a la necesidad de acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible que garantice la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas”.
