Radio Televisión Española ha informado de que España es actualmente el segundo país de la UE con más infracciones ambientales abiertas, con 24 casos. Por delante solo se encuentra Grecia con 25 expedientes activos, aunque España ha ostentado el puesto durante tres años seguidos, y en 2018 acumuló más de 32 casos abiertos.
Nuestro país ha bajado al segundo puesto gracias a que la Comisión Europea (CE) haya cerrado el expediente que tenía abierto por la falta de planes de gestión de residuos en Aragón, Baleares, Canarias y Madrid. La remisión de estos documentos, que la UE había solicitado en reiteradas ocasiones, debía haberse realizado en 2010. Entre 2019 y lo que llevamos de 2020, se han cerrado otros ocho expedientes como el de las explotaciones mineras de carbón a cielo abierto en la provincia de León, por ejemplo Fonfría, que condujo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a condenar a España en 2011 por no respetar la conservación de especies como el urogallo o el oso pardo y su ecosistema.
Bruselas ha cerrado también el expediente que abrió en 2016 sobre la caza en vivo (es decir, con trampas, prohibida en la UE) de cinco especies de aves silvestres cantoras como los pinzones, después de que España no diera autorización para realizarlas durante 2018 y 2019; la falta de adopción y de transmisión a la Comisión Europea de los planes hidrológicos de cuenca revisados y actualizados de las Islas Canarias; y la obligación de informar a la Unión Europea del estado de ambiental de las aguas marinas de todo el Estado.
Siguen abiertos los casos de la gestión de dos nuevos expedientes llevados ante el Tribunal de Justicia Europeo en 2019. Uno de ellos, el de la desprotección de las masas de agua subterráneas que nutren el humedal del Parque Nacional de Doñana (Huelva), en trámites desde 2016, y que, según la Unión Europea, adolece de sequías y sobreexplotación de acuíferos.
El otro es “la mala calidad del aire” de España, que supera los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2) en las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. La clausura de vertederos también es una de las causas pendientes para España, abierta desde 2007, en la que se pedía que se cerraran 61 vertederos ilegales de todo el país. A estas infracciones se unen otras 22, algunas con más de 18 años de antigüedad, como el tratamiento de las aguas resuduales de al menos 37 poblaciones, abierto en 2003.
