Este jueves se ha producido un hecho inédito en democracia en el plano judicial. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por mayoría simple la candidatura del Fiscal General del Estado de Álvaro García al considerar que es “inidóneo” para el cargo, según han calificado con ocho votos en contra frente a siete a favor de su nombramiento. Una decisión judicial que ha desembocado en multitud de reacciones, siendo una de las más compartidas la esgrimida por Antón Losada.

El politólogo se ha pronunciado a golpe de tuit al ser conocedor de esta noticia. “Ocho vocales que llevan seis años violando la ley juzgando la idoneidad de alguien. España es así”, ha sentenciado, en referencia así al bloqueo de cinco años en el que continúa sometido el CGPJ.

Pero su valoración sobre este acontecimiento no queda aquí. Una hora más tarde, Antón Losada ha compartido un vídeo a través de su cuenta en X -red social antes conocida como Twitter- para dejar una crítica más. “La mayoría conservadora del CGPJ considera ‘no idóneo’ al Fiscal General del Estado. Ocho vocales conservadores que llevan cinco años violando la ley, juzgando la idoneidad de nadie para nada. La pregunta no es por qué lo hacen los vocales conservadores -que ya sabemos todos por qué lo hacen- la pregunta es qué siguen haciendo ahí, en el CGPJ, sin dimitir los vocales progresistas”, sentencia en el vídeo de escasos segundos de duración.

El CGPJ rechaza por primera vez la idoneidad de un candidato para fiscal general del Estado

La mayoría conservadora del principal órgano judicial del gobierno sostiene ante esta decisión que la sentencia del Tribunal Supremo por la que se acusó a Álvaro García de “desvío de poder” en la elección de la exministra como fiscal de la Sala de lo Militar, Dolores Delgado, del Alto Tribunal le impide ejercer el cargo.

Álvaro García elevó el texto en el que recomendaba a Delgado para el cargo de fiscal de la Sala de lo Militar al Consejo de Ministros, motivo por el que la sentencia aprecia desviación de poder, es decir, “en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”. El fallo de la sentencia reza: “La finalidad declarada del fiscal general del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la carrera fiscal es nombrado fiscal general del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de fiscal de Sala. Y lograr este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad”.

Cabe remarcar que, ante la decisión de los vocales conservadores del CGPJ, la ley establece que se debe controlar la idoneidad a través de un informe preceptivo, lo que no significa que sea vinculante. La idoneidad exige que el candidato tenga 15 años de ejercicio profesional o que sea reconocido como jurista de prestigio. Pese a que estas dos claves son requisitos primordiales para ser Fiscal General del Estado, los vocales vinculados al PP lo han tumbado.

Como bien ha señalado Antón Losada, la renovación del CGPJ lleva siendo una tarea más que pendiente en los últimos años. Este órgano lleva en funciones cinco años -se cumplirá el día señalado dentro de una semana- debido a la negativa de los populares a renovarlo. De los 21 miembros que resultaron elegidos por las Cortes Generales, tan sólo quedan 16 en activo. La institución judicial tiene en estos momentos a su segundo presidente suplente en funciones y, además, no pude realizar nombramientos pese a que tiene 84 plazas vacantes, 23 de ellas pertenecientes al Tribunal Supremo.