La intrincada situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial y los fantasmas de la okupación están siendo dos de los temas más candentes de la actualidad. Por un lado, el órgano de gobierno de los jueces lleva casi cuatro años con su mandato caducado y las renovaciones del mismo están siendo constantemente bloqueadas, llegando incluso a desafiar al Gobierno y a incumplir la ley.

Por otro, desde algunos sectores de la derecha y la extrema derecha política y mediática se está tratando de agitar el fantasma de la okupación, tergiversándolo con el allanamiento de morada con el fin de generar crispación e instaurar el temor en los ciudadanos, a pesar de que jueces y especialistas en Derecho han desmontado dicho argumentario en reiteradas ocasiones. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha sintetizado ambos temas a la perfección en un único mensaje a través de su cuenta de Twitter.

 

“Aquí sí que tenemos un grave problema de okupas”, ha tuiteado Baldoví en referencia a los magistrados que se encuentran en situación irregular. El chascarrillo del diputado acumula más de 1.000 retuits y 3.000 ‘Me gusta’, y señala los problemas del CGPJ al tiempo que desarma el agresivo marco argumentativo contra los okupas.

Con respecto al Poder Judicial, todo apunta a que se rebasará la fecha límite fijada en la ley para la designación, que establece que debe realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior. Tras su última modificación, el tope quedó fechado para el 13 de septiembre, y no parece haber manera de que vaya a resolverse en plazo.

En relación con los okupas, su ‘fantasma’ no eclipsa la realidad. Diego Álvarez, juez de instrucción especializado en el ámbito, intentó derribar estos mantras que se repiten con fulgor en las diferentes tertulias, y sostuvo que “cuando se ha tenido un problema real de okupación, cuando hay un propietario al que se le ha violentado la vivienda, el desalojo se ha producido de manera inmediata”.