La Comunidad Valenciana se tiñe de luto este miércoles, 29 de octubre, con motivo del primer aniversario de la DANA que arrasó múltiples localidades de Valencia, llevándose consigo la vida de 229 personas que no pudieron sobrevivir a las riadas. Ha sido un año complicado para los valencianos, que han tenido que sufrir no solo las consecuencias directas del temporal, sino de la irresponsabilidad política. 365 días después aún no se han depurado responsabilidades, y las mentiras y cambios de versión continúan como el primer día. Todo esto ha sido posible, en parte, gracias a un importante instrumento: los medios de comunicación. En la región, À Punt, la televisión autonómica, ha vivido toda una montaña rusa. Mientras que su labor como servicio público durante la DANA fue innegable, la mano de la política lo cambió todo. Con una nueva cúpula al frente, la cadena se convirtió en un instrumento más al servicio de la Generalitat y su relato, llegando a ocultar vídeos clave, como los del CECOPI, o censurando momentos como el de la masiva manifestación que recorrió las calles de la ciudad del Turia el fin de semana previo al aniversario.
En las primeras horas de la trágica DANA, À Punt se convirtió en una herramienta esencial para los ciudadanos. Comprometida con su labor como servicio público, la cadena informó detalladamente del avance y consecuencias del temporal, convirtiéndose en el canal de referencia para muchos afectados. De hecho, registró máximo histórico de audiencias -desde que naciera en 2018- con su gran cobertura: un 13,5% de cuota de pantalla el 30 de octubre.
Además, cabe destacar que llevó a cabo una importante labor de fact-checking, desmintiendo los bulos que comenzaron a circular en aquella dramática situación. En colaboración con Emergencias de la Comunidad Valenciana, pedía a la ciudadanía "no compartir información no contrastada".
Sin embargo, los aplausos a À Punt pronto se tornaron en desconfianza y enfado. En noviembre de 2024, con Carlos Mazón ya en el punto de mira, la DANA precipitó un importante cambio en la directiva de la televisión valenciana. Tal y como explicaba Toni Villareal, líder del Comité de empresa de À Punt, a este medio, el antiguo Director General, Alfred Costa, estaba esperando a que Vox y PP "le confirmaran oficialmente o lo destituyeran formalmente", pero el temporal provocó que la Generalitat diera un golpe sobre la mesa.
"La intención del nuevo Gobierno era nombrar a su gusto, alguien más afín, pero como se retrasó su nombramiento, y ocurrió la DANA, la cosa se les desmadró un poco", explica Villareal. Finalmente, fue el "propio Costa el que aprovechó el escándalo y dimitió para forzar que se resolviera su situación de interinidad", de manera que al Gobierno le tocó "nombrar a un nuevo director deprisa y corriendo". Así llegaban a la cabeza de À Punt Vicente Ordaz, en el punto de mira desde su aterrizaje y señalado por tener "por bandera subir la audiencia sea como sea", como Director General y Francisco Aura como presidente del Consejo de Administración.
Con esta nueva cúpula, Mazón pudo trabajar a favor de su relato desde un altavoz tan grande como supone la televisión pública. Ya no tanto a través de los contenidos emitidos -que también- sino de los censurados u ocultados. El pasado mes de septiembre, RTVE publicaba un vídeo del CECOPI que había sido grabado por un cámara de À Punt y que demuestra que Salomé Pradas mintió en su declaración en dicha sede judicial.
La televisión autonómica ocultó este vídeo, que provocó la condena de las víctimas de la DANA, quienes acusaron al canal de manipulación: "À Punt tiene que velar como cualquier televisión pública porque prevalezca la verdad, independientemente del código deontológico del que hablan, que desconocemos y no tenemos por qué conocerlo. Pero ha de prevalecer la verdad, y si tú sabes que ahí están ocultando datos fundamentales para una investigación los tienes que poner a disposición y no atacar a otro medio porque sí lo publique", decía Rosa María Ávarez, presidenta de la asociación Víctimas Mortales de la DANA 29O a este medio.
También respondió a las declaraciones de À Punt, que cargó contra RTVE acusándoles de "partidismo" por usar las imágenes: "Hoy À Punt no se ha puesto del lado de las víctimas, tanto que están con ellas y hablan de intereses partidistas. ¿À Punt hace un uso partidista o debería representar a toda la sociedad valenciana?". Finalmente, y pese a que alegaron que su difusión podría suponer “una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente”, À Punt tuvo que aportar el vídeo a la jueza de la causa, Nuria Ruiz Tobarra.
Y así, entre altos y bajos. À Punt trató de ocultar la ausencia del popular en la reunión de emergencias censurando un vídeo en directo en el magacín vespertino Va de bo, críticas a cambio. À Punt publicó un vídeo que probaba que la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, conocía la gravedad de la situación desde primera hora, aplausos.
La última polémica que ha salpicado a la cadena se producía a escasos días del aniversario de la DANA. El pasado sábado, 25 de octubre, À Punt retransmitía una corrida de toros mientras tenía lugar la duodécima manifestación para pedir la dimisión del president de la Generalitat. En un comunicado difundido en redes con el 'hashtag' #LaPlantilladÀPNoCalla, empleados de la cadena expresaron su "enorme vergüenza" por esta decisión y lamentaron que "han vuelto a someter a la radiotelevisión pública valenciana a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables". "La dirección de À Punt es la principal culpable, pero también lo son todos los miembros del Consejo de Administración que lo permiten", subrayaban.
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