El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” se ha propuesto un reto, no solo encomiable, sino sobre todo necesario: “Ofrecer un retrato preciso de la extensión de la desigualdad en España, sus factores determinantes y las políticas necesarias para su reducción”.

El resultado fue la publicación del libro Desigualdad y pacto social, que recoge once investigaciones, plasmadas en otros tantos capítulos. En esta ocasión, hemos hablado con Sara Torregrosa, que es miembro desde hace unos meses del departamento de Economía de la universidad pública de Navarra, tras haber trabajado durante 7 años en la universidad de Lund (Suecia). Su aportación al libro se centra en la naturaleza y efectos sobre la desigualdad del fraude en el IRPF.

El fraude en el IRPF reduce su capacidad para reducir la desigualdad

Más fraude y más desigualdad

Torregrosa explica que este tipo de fraude “tiene un impacto directo, en el sentido de que el IRPF es un impuesto progresivo y redistributivo, que reduce la desigualdad por sí mismo, al margen de en qué gastemos luego la recaudación”.

Es importante tener en cuenta que, cuando habla de fraude, lo hace “en un sentido muy amplio. No solo en el legal, sino también en referencia a la ocultación de rentas, que puede venir de la propia definición del impuesto, que a veces les atribuye un valor por debajo del que tienen en realidad”.

El fraude se concentra en las rentas más altas

Más en rentas altas

Además, según señala esta investigadora, “se concentra en las rentas más altas. Eso hace que el IRPF sea menos progresivo de lo que se supone que debería ser según el diseño fiscal. Es un efecto directo: el impuesto redistribuye menos”.

Por no solo eso, también tiene un impacto indirecto: “La pérdida de recaudación que permitiría un gasto público mayor que podría utilizarse para reducir la desigualdad”.

Los datos de su investigación apuntan a que el 0,1% más rico de nuestro país oculta en torno al 23% de su renta. Además, “desde el punto de vista de la desigualdad”, son especialmente significativos los “rendimientos de inversiones no declaradas en el exterior, dado que el uso de paraísos fiscales suele estar protagonizado por grandes fortunas”. En total, las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían alcanzar un 30% de las rentas financieras declaradas totales, y un 61% de las declaradas por el 1% de la población más rica.

Como en otros países

Torregrosa afirma que, a pesar de que los niveles de fraude “se han venido reduciendo bastante en las últimas décadas”, siguen siendo “relativamente elevados” en el caso del al total del IRPF.

“Si lo vemos por tipos de renta, en muchos otros países que tienen niveles de desarrollo económico más avanzados y administraciones tributarias muy eficaces, también hay niveles de cumplimiento fiscal similares a los nuestros en rentas que no están controladas por terceros, rentas de autónomos o determinadas rentas de capital”, aclara.

Según sus datos, las estimaciones realizadas para países escandinavos o Estados Unidos siguen mostrando niveles de cumplimiento cercanos al 70-80% en rentas sin información automática por parte de terceros “y no han cambiado mucho en las últimas décadas”.

Más control sobre las rentas

Por eso, una de sus propuestas es “extender el peso de las rentas que sí están controladas”, un mecanismo que, asegura, “no es perfecto pero puede llevar a cotas de cumplimiento más altas”.

Torregrosa hace hincapié en la importancia de la transparencia para reducir este tipo de fraude. En este sentido, propone “hacer estimaciones periódicas de la brecha tributaria como se ha hecho en otros países (Suecia, Dinamarca, Estados Unidos). Nos puede servir para saber cuánto recaudamos de lo que deberíamos recaudar y evaluar dónde están los problemas y conocerlos para solventarlos”. Para eso serían precisos “estudios mucho más sólidos y exactos”.

En cuanto al diseño fiscal, cree que es preciso “impulsar la armonización fiscal”, porque “en su ausencia, cuando hay diferencias entre las regiones o los países, se hace fácil la opción de irnos a otro sitio o simplemente decir que lo hemos hecho, para pagar menos impuestos”. Una práctica que, como ella misma señala, han demostrado otras investigaciones en los últimos años.

También considera que la simplificación de la propia definición del impuesto para reducir “este tipo de tratamientos de renta que dan mucho margen a la zona gris entre lo legal y lo ilegal”.

Históricamente, la reducción del número de rentas que solo se autodeclaran ha reducido el fraude. Por eso cree que sería positivo “aplicar una definición amplia de la base imponible que limite privilegios fiscales y exenciones. Esto incluye gravar los valores reales de las rentas, por ejemplo, mediante la eliminación de la estimación objetiva y el uso de valores más próximos a los de mercado en las rentas imputadas (incluyendo la de la vivienda habitual)”.

Aunque asegura que “seguramente hay opiniones distintas” en cuanto a este punto, “este tipo de actuaciones pueden suponer que una parte importante de la capacidad económica no esté sometida al impuesto, como sí sucede con las rentas del trabajo en su mayoría”.