El pasado jueves 27 de Octubre, organizado por la Fundacion Friedrich Ebert y el Centro de Predicción y Análisis económico de Sciences Po, se reunió en París un nutrido grupo de economistas del Sur de Europa. El objetivo del taller era examinar las características propias de la situación económica del continente, las diferentes respuestas de política económica ofrecidas, y las perspectivas a medio y largo plazo. En el taller, analistas de cada país pudo describir y analizar las diferentes medidas planteadas por cada gobierno, en el que se encontraron algunos ejes compartidos y algunas preocupaciones comunes. Las principales conclusiones que podemos extraer del diálogo son las siguientes:

En primer lugar, hubo cierto consenso sobre el arranque de la crisis de precios. La crisis de 2020 era una crisis tanto de oferta como de demanda. Paralizó las cadenas globales de suministro, pero el peso de la política económica se centró en recuperar rápidamente la demanda. Recuperar la oferta, en un mundo de cadenas globales de valor, era muy difícil desde una política económica nacional, pero esta asimetría contribuyó, conjuntamente con el denominado “consumo embalsado”, a incrementar los desequilibrios entre una demanda estimulada y una oferta todavía constreñida por los famosos “cuellos de botella”, tan citados a lo largo de 2021. Lo que parecía una inflación transitoria -mientras la producción, y sobre todo el transporte, recuperaba sus niveles previos a la crisis- se agudizó con la estrategia de Rusia y el inicio de la guerra, que colapsó el mercado de gas y el petróleo, llevándonos hasta la situación actual.

En segundo lugar, el paquete de medidas económicas puestas en marcha por los gobiernos ha ido principalmente dirigido a parar un choque de precios que se consideraba inicialmente transitorio. En ese sentido, la respuesta ha tenido ciertos paralelismos con el inicio de la crisis de 1973: bonificaciones, subvenciones y control de precios con cargo a las cuentas públicas. El objetivo fundamental era preservar las rentas de los hogares, particularmente de los hogares más vulnerables. Los efectos distributivos de las medidas, tomados en su conjunto, han favorecido a los sectores más vulnerables, tal y como recomendaron los principales organismos internacionales. Sin embargo, subsiste cierta preocupación sobre los efectos a medio y largo plazo de unas medidas que se están prolongando debido a la cronificación de la crisis de precios. Esta preocupación se materializaba en la distorsión de precios que introduce en el mercado, que retrasa la toma de decisiones por parte de los agentes económicos, y, particularmente, en lo relativo a las políticas de transición energética. El debate, este punto, fue particularmente vivo ya que es muy difícil encontrar una adecuada secuencia entre las medidas de choque a corto plazo con las medidas estructurales a largo plazo.

Se sugirió que una medida plausible de conectar los dos plazos -el medio plazo y el largo plazo- es establecer una suerte de “senda de crecimiento del precio del gas y el petróleo” compatible con los objetivos climáticos. La política económica actuaría como “estabilizador” de este precio, subvencionando o cargando con impuestos cuando el precio del gas se desviase de esa senda. En términos prácticos, esta senda supondría que las subvenciones actuales deberían compensarse en el futuro con nuevos impuestos para mantener el precio del gas y el petróleo en la senda de crecimiento establecida.

Para hacer esto, sería importante acumular poder de mercado desde la Unión Europea, a través de un sistema de compras centralizadas, en negociación con Estados Unidos. La situación bélica sería un acicate a este proceso de centralización, al tiempo que se sigue manteniendo el esfuerzo inversor en materia de eficiencia energética e inversión en renovables. Los condicionantes de esta política, en un contexto bélico, deberían ser adecuadamente estudiadas, con una política bien diseñada de acceso al mercado del gas.

En definitiva, y quizá esto es lo más relevante del encuentro, si la crisis de prolonga -y todo parece indicar que será así- tendremos que buscar fórmulas de política económica que permitan una adecuada secuencia de las medidas a corto y las medidas a largo plazo. No será fácil, pero existen opciones que podrían comenzar a contemplarse. La preocupación sobre el impacto fiscal de las medidas actuales, si estas se mantienen a largo plazo, se extiende por el sur del continente. Los comentarios de la AIReF sobre el proyecto presupuestario de 2023 avanzan en esa dirección, y haríamos bien en tenerlas en cuenta, más allá del uso político que se está haciendo de unas observaciones que, en cualquier caso, están dirigidas a mejorar la solidez de nuestro cuadro fiscal.