La Unión General de Trabajadores (UGT) se ha dirigido al Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz para mantener una reunión en la que se aborde la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este encuentro estaba agendado para este mes de junio, tal y como se acordó en las negociaciones que concluyeron con el incremento de la cuantía; sin embargo, a menos de una semana para que concluya el mes, los agentes sociales no ha recibido ninguna comunicación de Trabajo. “El Gobierno tiene que cumplir sus compromisos”, ha trasladado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical, a ElPlural.com.

Desde la organización sindical descartan la convocatoria de elecciones anticipadas como una variable que justifique la paralización de este y otros encuentros que se mantienen en el marco del diálogo social. Si bien la inflación mantiene su dinámica bajista y la subida del 8% del SMI aprobada el pasado febrero contenta a los sindicatos, desde UGT consideran que es necesario abordar diversos adversos, no tan solo la cuantía, para analizar si la implementación está siendo la correcta.

Desde la organización encabezada por Pepe Álvarez ponen el foco en los “aspectos técnicos” y en la inclusión del SMI en los convenios, además de la necesidad de que la subida “se aplique inmediatamente”. Múltiples son los convenios que, al no haber sido aún revisados y acordados, cuentan con tablas salariales en las que uno o más módulos se encuentran por debajo de los 15.120 euros anuales (1.080 en 14 pagas o 1.260 en 12 pagas). Además, también preocupa en UGT la “compensación y absorción” salarial por el SMI, medida para neutralizar los incrementos salariales.

A todo esto hay que sumarle que, si bien los datos mensuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) continúan reduciéndose mes tras mes, la evolución de la cesta de la compra, aún por encima de los dígitos, o el encarecimiento de las hipotecas plantean una realidad diferente para los trabajadores con el salario más precario. En este sentido, desde los sindicatos existen posiciones diferenciadas. Mientras CCOO considera que el aumento acordado en febrero es suficiente y no existe necesidad de revisarlo todavía, UGT apunta que “hay que verlo”, dado que la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores es evidente.

¿Qué pasará con el SMI tras las elecciones?

El SMI ha aumentado un 47% desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y el aterrizaje de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. Un aumento de 344 euros, de los 736 a los 1.080, que ridiculiza los menos de cien euros que se incrementó durante siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. La última subida no estuvo desprovista de polémica y la oposición de la patronal fue tal que los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ni se personaron en las negociaciones.

La propuesta de los empresarios era 40 euros más baja y, tras meses de aplicación, continúan cargando contra el aumento. Por su parte, los sindicatos planteaban un incremento del 10% que situase la cuantía en los 1.100 euros. Ahora, existe miedo ante la posible llegada de un Gobierno del Partido Popular (PP) tras las elecciones que congele o incluso retroceda en esta materia.

Desde la izquierda se desarrolla ahora una pugna por la bandera del SMI. Díaz ha asegurado que, a pesar de estar contenta con la marcha, la subida “se queda corta”. Así, ha asegurado que de conseguir gobernar elevaría los salarios más bajos hasta cerca de los 1.400 euros. Desde la parte socialista defienden garantizar por ley, incluyéndolo en el Estatuto de los Trabajadores, que el SMI se sitúa siempre en el 60% del salario medio, porcentaje alcanzado tras la última subida.

“Proponemos que en el Estatuto de los Trabajadores incluyamos el mandato legal de que el SMI sea siempre el 60% del salario medio de nuestro país”, explicaba Sánchez la pasada semana, asegurando que de esta manera “el mandato legal obligue” gobierne quien gobierne. “Tiene el consenso internacional y son los niveles mínimos de dignidad que debe haber en el mercado laboral”, aseguraba Sánchez. Sin embargo, los sindicatos consideran que es insuficiente y piden ir más allá.

En la misma línea lo hace la líder de Sumar, recordando que alcanzar el 60% del salario medio es lo mínimo que se recoge en la Carta Social Europea. “Al menos” hasta ese porcentaje recoge el texto europeo, lo que da mucho margen para continuar tirando hacia arriba de la cuantía. "Es la política más eficaz de redistribución de renta porque además empuja la estructura salarial hacia arriba", defendía Escrivá en el encuentro mantenido con el presidente, aspecto que es compartido también por los sindicatos y la ministra de Trabajo.