El precio de la cesta de la compra es uno de los problemas que más preocupa a los hogares, preocupación que aumenta según disminuye la renta, por eso se ha convertido en uno de los aspectos que más atención del Gobierno acapara. Como respuesta, antes de acabar el año, el Ejecutivo incluyó dos medidas en el decreto anticrisis. Una de ellas, a propuesta de Podemos, la aprobación de un bono de 200 euros para familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros (4,2 millones de familias). La segunda, más polémica, la supresión del IVA de los alimentos de primera necesidad, que estaban gravados con el superreducido 4%, y la rebaja del que afecta al aceite y la pasta, del 10 al 5%. Ahora, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apunta a que esta segunda medida favorece en mayor medida a las rentas más altas.
Va más allá la fundación, que indica que conforme va aumentando el poder adquisitivo crece el ahorro. Así, para el segmento más bajo de rentas, aquel para el que a su vez supone un esfuerzo mayor llenar la cesta de la compra (un 10,67% en la renta bruta del gasto tras la reducción), el ahorro experimentado se situará en los 22,4 euros. Por el contrario, para la parte más rica del segmento con mayor renta, que representa al 1% de la población, el ahorro asciende hasta los 60,7 euros, a pesar de que el peso de los alimentos para estas rentas tan solo supone el 0,74%. Los más ricos se ahorran casi tres veces más que los más pobres, la lógica de bajar impuestos indirectos sin atender a la renta.
El coste total de la reforma, en términos de pérdida de recaudación, podría alcanzar los 700 millones de euros de los que el 40% corresponderán al beneficio obtenido por los hogares de mayor renta. Muchos millones que, de no haber acometido la bajada, podría haber sido destinados a ayudas directas (bonos, cheques, etc.) o a dotar servicios públicos, como reclamaba la parte morada del Gobierno. Un coste “innecesariamente elevado”, apunta la fundación, que, en términos absolutos (porcentuales no al no verse tan modificadas sus rentas por lo elevado de estas), “beneficia más a las personas y hogares con rentas elevadas, que, seguramente, no necesitan esa ayuda”.
Además, a estos resultados hay que añadir una variable que ya están sufriendo las familias y que Fedea pone sobre el papel: que las empresas se beneficien de la medida y, lejos de trasladar la bajada a los precios, aumenten sus beneficios empresariales. “El impacto real de la rebaja sobre los precios pagados por los consumidores va a depender del grado efectivo de traslación […] No puede descartarse, por tanto, que, al menos en parte, la reducción acabe trasladándose a una mejora de los márgenes empresariales”, exponen.
En suma, la fundación de estudios económicos señala que esta medida “puede no ser la más adecuada”, aunque exime en parte al Gobierno al considerar que su elección “trata de asegurar que sus efectos lleguen inmediatamente a todas las personas que necesiten esa ayuda en sus compras de bienes esenciales”. Para concluir el estudio, y en términos de evaluación general, los autores estiman que “como cabía esperar, la reforma tendrá un efecto positivo, aunque de poca importancia, sobre el efecto redistributivo del IVA”.
