El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha mostrado su intención de simplificar y mejorar la asistencia en cuanto a protección por desempleo. Así, ha incluido en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia una nueva prestación que integrará a todas las existentes, con 451,90 euros al mes, correspondiente al 80% del Iprem de 2021.
La medida entraría en vigor a partir de 2022, tal y como se recoge en la reforma 10 del componente 23 del Plan de Recuperación remitido a Bruselas, donde explica que está dirigida a sustituir el nivel asistencial de protección por desempleo, regulado en la Ley General de Seguridad Social y en los programas de Renta Activa de Inserción (RAI) y subsidio extraordinario por desempleo (SED).
El objetivo de Trabajo es integrar los diferentes niveles asistenciales de protección en una nueva prestación, complementaria de la protección contributiva, que protegería la situación de transición al empleo. Es decir, integrar en el subsidio ordinario por agotamiento las diferentes modalidades extraordinarias que se han ido creando.
Además, avanza que la integración de las prestaciones se realizará de forma coordinada con el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con la mejora del número de beneficiarios y el desarrollo de los itinerarios de inclusión. El nuevo subsidio corresponderá a una prestación por desempleo vinculada a cotizaciones previas y financiada con cargo al presupuesto de las prestaciones por desempleo, gestionada por el SEPE.
Requisitos para acceder a la nueva prestación
Para poder acceder a la prestación, el solicitante deberá acreditar la carencia de rentas individuales y, en algunos casos, también las responsabilidades familiares y el compromiso y cumplimiento de un itinerario personalizado de empleo ante el servicio público de empleo competente.
La duración de la prestación dependerá de la edad, circunstancias familiares y la duración de la prestación, con el objetivo de ampliar el periodo máximo del subsidio ordinario actual, incluyendo prórrogas de los subsidios extraordinarios que todavía están vigentes. El fin último del Gobierno es ampliar la protección por desempleo, mejorar la cobertura con la ampliación de la duración de los subsidios y eliminar situaciones de desprotección del sistema actual.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo pretende simplificar el funcionamiento del sistema y reducir el número de figuras para aportar más claridad, seguridad jurídica y facilitar la gestión. En esta línea, prevé que la prestación sirva como transición a la protección social en el momento en que la persona beneficiaria no se reincorpore al mercado laboral y esté en una situación de vulnerabilidad.
Es decir, la reforma beneficiaría especialmente a los solicitantes que hayan agotado su prestación contributiva y continúen en situación de desempleo, así como a personas que acrediten más de seis y menos de doce meses cotizados, por lo que no podrían acceder a la prestación contributiva. El Gobierno matiza en el Plan de Recuperación que los cambios normativos serán abordados con los agentes sociales en la mesa de diálogo social.
