La estrategia fiscal elegida por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha extendido como una enfermedad fácilmente transmisible entre sus compañeros de filas y homólogos autonómicos, que parecen no querer ceder ante la “competencia desleal”, como la denominan expertos económicos, de la presidenta madrileña. Tanto es así que, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anunció este martes que se sumaba a la bonificación fiscal de los más ricios y, de un plumazo, eliminó el Impuesto de Patrimonio que solo grava al 0,2% con las rentas más altas. “Andaluces: bienvenidos al paraíso”, celebraba Ayuso. “Fiscal”, apostillaban otros.

Sea como fuere, Moreno ha decidido pugnar con Ayuso por la bandera de la ‘secesión fiscal’, apoyado por el líder de filas, Alberto Núñez Feijóo. En juego están grandes fortunas que huyen de ‘infiernos’ fiscales en busca de territorios donde no tener que aportar más que su presencia. Ahora la lucha se centra en ver quién acomete la mayor bajada de impuestos y las víctimas son las arcas públicas, las encargadas de financiar los servicios públicos.

Esta “irresponsable competición destructiva”, como la ha definido Nadia Calviño, parecía contar con dos contendientes claros: Por un lado, Ayuso, como líder del PP erigida contra el Gobierno central; por el otro, Juanma Moreno, el único barón popular con mayoría absoluta que, además, cuenta con el apoyo y beneplácito del líder, Feijóo. Sin embargo, un nuevo actor ha querido sumarse a la batalla fiscal en la que se miden ahora los populares. Fernando López Mirás, presidente de la Región de Murcia, también quiere su pedazo de grandes fortunas y ha anunciado que su Gobierno “está trabajando para eliminarlo (el Impuesto de Patrimonio) de cara a 2023”. No obstante, la pregunta clave es: ¿En qué situación económica están estas CCAA y sus servicios públicos?

Situación de las autonomías y sus servicios públicos

Lo cierto es que ninguno de los tres territorios destaca por la buena situación de sus servicios públicos y, mucho menos, por la intención de sus mandatarios en que estos mejoren. Es más, la Comunidad de Madrid y Andalucía, después de una pandemia mundial que asoló el país, son las dos autonomías con menor gasto sanitario público por habitante, según la FADSP. El ejecutivo de Ayuso también atesora la medalla otorgada a la Comunidad Autónomo que menos dinero invierte por alumno en educación, según el informe del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación.

La Región de Murcia de López Mirás tampoco se queda atrás y cuenta con la peor ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes, según el informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. La Región es, además, una de las que cuenta con un mayor déficit y una peor situación de estabilidad económica y fiscal, según datos aportados por la ministra de Asuntos Económicos. No obstante, a pesar de reconocerlo y pedir una mayor financiación al Gobierno central, su presidente ha anunciado bajadas de impuestos y la eliminación de otros.

¿Cómo funcionan las rebajas a los ricos?

El Impuesto de Patrimonio que Moreno ha anunciado queda suprimido en Andalucía, senda que seguirá López Miras y que Ayuso ya aplica desde 2021, a aquellas personas en posesión de bienes que superan los 700.000 euros, quedando además excluida del cálculo la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros. Las personas que superan este umbral suponen un 0,2% en España y es a los que va dirigida la supresión de un impuesto que recauda millones. La otra rama elegida por los líderes autonómicos es la reducción del IRPF.

En Madrid, la reforma acometida por Ayuso en la reducción del IRPF supuso un ahorro de cero euros para las rentas inferiores a 12.000 euros, que suponen el 30% de la población. Otro 40% de la población, los ciudadanos que cobran hasta 30.000 euros experimentaron un ahorro de cinco euros; un poco por debajo de aquellos que ganan hasta 60.000 euros (el 23%) que se ahorraron 11 euros. Sin embargo, aquellos cuyas ganancias superan ese umbral, que tan solo son el 7% de toda la población madrileña, vieron como sus financias se ahorraban 4.500 euros.

Una medida que beneficia al 7% y no afecta al 93% restante, que ve como sus servicios públicos pierden financiación en favor de los más ricos. En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que cuenta con más de 6,5 millones de habitantes, perdonó 992 millones de euros a 18.226 personas retirando el Impuesto de Patrimonio.

En Andalucía, los Técnicos de Hacienda (Gestha) calculan que la deflactación del IRPF propuesta por Moreno supondrá una pérdida de ingresos de 130 millones. Esta reforma beneficia, una vez más, a las rentas más altas que, siendo el 18% de los andaluces, se verán beneficiados por el 39% de la rebaja (casi 50 millones).

En contraposición, el 31,22% de los declarantes andaluces (1.185.562 personas), con declaraciones por debajo de los 12.000 euros anuales, no se verán afectados por la rebaja. Tampoco lo harán 1.659.970 contribuyentes por no realizar la declaración debido a sus bajos salarios o a ser perceptores de pensiones o prestaciones por desempleo. En consecuencia, los casi tres millones de andaluces con menos recursos no se verán beneficiados por ninguna de las rebajas propuestas por Moreno.

Otros territorios podrían sumarse a la guerra fiscal: Galicia y Castilla y León

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha celebrado las decisiones recientemente tomadas por la Junta de Andalucía, pero ha asegurado que seguirá su propia senda” de rebaja fiscal. En este territorio, el Impuesto del Patrimonio ya está bonificado, aunque en un 25%, y se cuentan con diferentes deducciones fiscales, como la eliminación del impuesto de sucesiones. No obstante, por el momento aseguran que no se acometerá una rebaja como la vista en otras comunidades.

El Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, no ha negado la dura afectación de la política fiscal de Madrid, que “roba” inversión a la comunidad y les obliga a competir. “Estamos en esa carrera”, aseguran. Sin embargo, el Ejecutivo de Mañueco no tiene planeado suprimir el impuesto de patrimonio, algo que sí hizo el pasado año con el impuesto de sucesiones y donaciones.

Mientras, las presiones por parte de la patronal y de las empresas que la conforman comienzan a llegar a los pocos gobiernos autonómicos del PP que, por el momento, no caminan hacia la supresión del gravamen. “Continúe el positivo camino en su política de reducción impositiva y siga el ejemplo de Andalucía”, presiona la CEOE de Castilla y León al Ejecutivo. No puede saberse si estas presiones surtirán efecto y si nuevos territorios populares se sumarán a Madrid, Andalucía y Murcia. Lo que si se evidencia es que una guerra fiscal ha dado comienzo y cada agente está ocupando su lugar.