Hacía tiempo que la izquierda andaluza no tenía a su disposición un argumento tan contundente contra Juan Manuel Moreno como el regalo fiscal de más de 100 millones de euros que el presidente acaba de hacerles a los contribuyentes cuyos bienes, restando 300.000 euros de la vivienda habitual, superan los 700.000 euros, que es el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio.

Tras anunciarlo este lunes en Madrid, el presidente de la Junta ha atraído sobre sí los focos mediáticos y políticos. Ciertamente. Él mismo lo explicitaba ayer al presumir de estar “liderando el debate de la bajada de impuestos y mirando de tú a tú a Madrid y Cataluña”. ¿Habían calculado, sin embargo, los estrategas de San Telmo el vendaval de críticas que levantaría el presidente? Es probable, pues sin duda eran conocedores de las contraindicaciones de una medida tan regresiva fiscalmente. Es probable que lo previeran pero quizá no de una forma tan intensa y sostenida.

Una ocultación bajo sospecha

Anótese como dato significativo que ni en su discurso de investidura, en julio pasado, ni durante la campaña electoral hizo Juan Manuel Moreno mención alguna a que su ‘revolución fiscal’ fuera a incluir la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Había como mínimo una buena razón para tal ocultamiento: desvelar su intención de implementar tan generoso obsequio fiscal podría haber espantado a una buena porción de las decenas de miles de exvotantes socialistas que habían decidido pasarse al PP.

En el programa electoral del PP sí se comprometían rebajas en el Impuesto de Patrimonio, pero no su supresión. Esto decía textualmente al respecto el programa del partido, en su página 36: "Continuaremos con la bajada progresiva del impuesto, hasta conseguir la definitiva eliminación del gravamen (sin que el impuesto pierda su finalidad de control), mediante los incrementos del mínimo exento y rebaja de la tarifa, contribuyendo con ello a la atracción de talento e inversión a nuestra tierra, lo que repercutirá en el incremento de recaudación en otras figuras tributarias, tal y como ya sucedió cuando bonificamos al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar".

La vía populista de Ayuso y la vía templada Moreno, que hasta ahora discurrían paralelas dentro del PP,  acaban de confluir en el camino abierto por la primera tras anunciar el presidente andaluz, siguiendo la estela de su homóloga madrileña, la supresión de ese impuesto que apenas pagan poco más de 16.000 andaluces de una población de más de 8,5 millones de habitantes.

Tal vez el principal beneficiario de la jugada de San Telmo sea Génova, cuyo inquilino Alberto Núñez Feijóo podrá dirigir sus huestes en la doble batalla electoral de 2023 encomendado a la promesa de bajar los impuestos, en línea de lo aprobado en comunidades como Madrid, Andalucía y las que vengan de aquí a las municipales y autonómicas de mayo.

Una medida difícil de defender

Si las sucesivas rebajas hasta ahora practicadas en el tramo autonómico del IRPF no merecían el reproche político del electorado menos conservador del PP, tal vez no suceda lo mismo con la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, mucho más difícil de defender políticamente.

Las arcas andaluzas dejarán de ingresar más de 100 millones de euros anuales, aunque San Telmo defiende que su regalo fiscal atraerá inversores a Andalucía, además de que muchos ricos trasladarán aquí su residencia fiscal. El Gobierno andaluz presume de que su recaudación y volumen de contribuyentes han aumentado pese a haber bajado impuestos en la primera legislatura, aunque oculta que la mejora ha sido generalizada en toda España, donde el incremento de la actividad económica y el empleo ha permitido engordar la masa de contribuyentes fiscales.

Según datos del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation consultado por el sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, las sucesivas rebajas aplicadas desde 2019 han hecho que Andalucía pase del décimo al segundo puesto con menor presión fiscal, detrás de Madrid.

Se da además la circunstancia de que las dos comunidades que presiden Moreno y Ayuso están en el furgón de cola del gasto sanitario: Andalucía es la que menos dinero dedica a la sanidad pública, 1.398 euros por habitante, seguida de Madrid, con 1.491.

Una progresión al alza

Datos oficiales publicados en la web de la propia Junta de Andalucía el pasado 8 de febrero permitían al Gobierno de Moreno presumir de que la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio aumentó en 2021 con respecto al año anterior un 36,6 por ciento hasta rozar los 110 millones de euros.

Si como cabría esperar, la recaudación de 2022 mantiene la progresión al alza de los últimos años, la comunidad habría podido ingresar una cantidad situada en el entorno de los 120 millones. En 2018 las arcas autonómicas recaudaron 81,8 millones, en 2019 ya fueron 88,5 y en 2020 la recaudación ascendió a 93,3 millones.

Esa evolución tan positiva para las arcas andaluzas parece desacreditar el argumento del Gobierno autonómico según el cual el de Patrimonio es un impuesto disuasorio que anima a los contribuyentes andaluces más ricos a cambiar de residencia fiscal. Lo cierto es que ni estos ni sus homólogos catalanes, entre quienes la Generalitat recaudó en 2020 casi 550 millones de euros, han optado por ahora por trasladar su residencia administrativa al ‘paraíso fiscal madrileño’, a cuya fundadora Isabel Díaz Ayuso imita ahora el presidente andaluz.