La agenda de socialistas y populares reservaba un amplio espacio en el inicio de la semana para abordar una de las cuestiones que ocupa la actualidad como es la vivienda. En la mañana de este lunes, el Gobierno ha presentado en el Museo del Ferrocarril una batería con doce medidas para abordar la crisis que ahora se atraviesa en esta materia, resumiéndolo en tres objetivos: “Más vivienda, mejor regulación y más ayudas”.
El anuncio, que ha venido de la mano del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se produce 24 horas después de que los barones populares presentaran este domingo en Oviedo su particular paquete de medidas en la bautizada como ‘Declaración de Asturias’. Pese a que ambos anuncios comparten el mismo objetivo -gestionar la crisis del sector- el enfoque, las propuestas y las alternativas no son las mismas.
Impuestos: exenciones a propietarios e incentivos fiscales
No han sido pocos los desgloses que ha tenido este paquete de medidas tanto por parte del ala socialista como por la de los populares. Entre ellos, el de la tributación ha sido donde mayores distancias se observan entre ambos grupos. Mientras que el Gobierno apuesta por facilitar el alquiler, beneficiando a propietarios, por parte del grupo popular las medidas se centran en mejorar las condiciones del mercado de venta.
Según ha adelantado Sánchez este lunes, llevarán al Congreso de los Diputados la exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen su vivienda basándose en el Índice de Precios de Referencia, aunque no se encuentren en zonas tensionadas. Cabe recordar que, hasta el momento, los propietarios únicamente podían desgravarse hasta el 90% de la renta si rebajaban un 5% el precio del alquiler en el caso que su comunidad autónoma hubiera declarado el área de zona tensionada.
Por su parte, desde el grupo popular han anunciado una rebaja de impuestos a la vivienda en todas las fases (construcción, compraventa, etc). En esta misma línea, han adelantado que rebajarán del 10 al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales “para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda de la administración pública”.
No ha sido esta la única diferencia en este ámbito. Por parte del Partido Socialista anuncian una subida de impuestos a los pisos turísticos, que pasarán a tributar como negocios y no como inmuebles, con la misma tributación que los hoteles, incluyendo la aplicación de IVA en zonas con mayor dificultad habitacional o de saturación turística.
Entre otras cosas, desde Oviedo proponen incentivos fiscales a los “colectivos diana”, entre los que se encuentran jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos y núcleos rurales, entre otros.
Límites a la especulación y “facilidades” a promotores
En otro orden de cosas, la recién creada Empresa Pública de Vivienda ha sido otra de las protagonistas de la jornada. El Ejecutivo de Sánchez ha anunciado transferencias de viviendas y suelos señalando que el Estado ha transferido ya 3.300 inmuebles y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para construir más. Asimismo, se sumarán 13.000 viviendas de la Sareb, conocido como el banco malo, y otras 17.000 de forma progresiva.
Al hilo de esto, desde el Gobierno señalan que trabajarán para que la vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública. Según han adelantado, lo harán para que “lo que se construya o rehabilite con el dinero de los españoles siga siendo, siempre, de los españoles. De sus hijos y de sus nietos, y no acabe en manos de los fondos buitre y grandes especuladores”. También en esta misma línea, han anunciado que limitarán la compra a extranjeros extracomunitarios no residentes.
Por su parte, el presidente ha señalado la creación de un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos, y un programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías que se saquen al mercado a bajo precio.
Al margen de todo ello y en contraposición, los populares insisten en la necesidad de construir vivienda "pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad". Las medidas que proponen este ámbito se centran en el fomento de la construcción “ofreciendo facilidades” a los promotores, así como avales que permitan acceder a la hipoteca por el 100% de la vivienda a menores de 40 años.
Lucha antifraude y ley contra la ocupación ilegal
Como una de las novedades del Gobierno, han adelantado que crearán un PERTE de Vivienda, esto es, un proyecto estratégico destinado a innovar y modernizar el sector de la construcción para poder construir más casas en menos tiempo y con menos coste. Este se desarrollará en Valencia, buscando colaborar con la reconstrucción del tejido económico, sumamente dañado con la DANA.
En líneas similares, con el objetivo de evitar el fraude en los alquileres, el gobierno propone un nuevo programa de ayudas que verá la luz con el nuevo Plan Estatal de Vivienda anunciado para 2026.
Por su parte, desde el ala popular han tildado la ley de vivienda como “intervencionista” y “un fracaso absoluto que ha reducido la oferta, incrementado los precios y desincentivado la inversión”. Al margen de ello, para prevenir la ocupación ilegal, uno de los gruesos en el programa de actuación de los populares, desde Oviedo señalaban la puesta en marcha de una ley anti ocupa que permita el desalojo en 24 horas y endurezca las penas.
