La temporada turística veraniega afronta su recta final con la entrada de septiembre y los propietarios de pisos turísticos estrujan sus viviendas, que permanecerán cerradas o con poca afluencia hasta la llegada de otro pico vacacional. Un mal endémico de las ciudades turísticas, donde encontrar un piso en alquiler se torna complicado, más aún si se pretende una renta asequible. Este tipo de viviendas continúa creciendo y superan ya las 300.000 a lo largo del territorio, recuperando los niveles perdidos por el efecto de la pandemia.
El reparto desproporcionado de las denominadas como viviendas de uso turístico (VuT) golpea más duramente al litoral mediterráneo, a la costa andaluza y a los archipiélagos. Entre las 50 provincias emerge Málaga, que con 35.360 pisos turísticos alberga el 11,59% del total de España. De cerca le sigue Alicante, que cuenta con 33.115 viviendas de este tipo (10,85%). La tercera en discordia, por debajo de las 30.000 VuT y del 10% del total, es Baleares, que con 25.393 reúne el 8,32% del total nacional.
Fuera del pódium aparecen las otras dos provincias insulares, Las Palmas, con 23.161 (7,59%), y Santa Cruz de Tenerife, con 19.490 (6,39%), según los datos disponibles en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, pese a no albergar la mayor cantidad ni suponer el mayor porcentaje, el caso de ambos archipiélagos es más dramático para la población autóctona que reside en las islas durante todo el año. Si bien en los mapas de Málaga o Alicante pueden encontrarse zonas con menor presencia de VuT, aunque lejos de las ciudades turísticas, en las islas no existe apenas resquicio libre.
Precisamente son las dos provincias canarias las que mayor incremento de este tipo de viviendas ha sufrido en 2023, 9,8% Las Palmas y 6,9% Santa Cruz de Tenerife, tan solo por detrás del dominio feroz de Málaga, que ha incrementado en un 11,4% sus VuT hasta catapultarse a la primera posición de la tabla. Sin embargo, otras zonas de gran afluencia turística, como Barcelona o Baleares, han visto reducida notablemente su oferta, un 31,7% y un 13%, respectivamente.
La realidad generalizada del país es una evidente progresión de los pisos turísticos, que alteran el resto de la oferta de vivienda e imposibilitan el acceso a miles de personas. Casos de finalización forzosa de contrato o desahucios se reproducen también por España con la única pretensión de transformar el inmueble en una VuT. Sobre este problema, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez, ha defendido “ordenar la oferta”, solución que parece llegar tarde.
Portugal marca el camino
Aunque el caso español es acuciante por el número de visitantes y la lógica de turismo masivo aceptada, esta realidad se extiende por otros países. Sin embargo, existen ejemplos donde, lejos de dejar que esta tendencia se agrave, han tomado cartas en el asunto. Este es el caso de Portugal, donde desde el 19 de julio existen férreas restricciones para la creación de nuevos pisos turísticos.
Así se contempla en el plan 'Más vivienda' que, entre otras cosas, grava con un 15% adicional a las viviendas turísticas ubicadas en las zonas de mayor tensión urbanística y con escasez de vivienda para uso habitual. Este punto va destinado a las VuT ya existentes, que serán las únicas, pues el país vecino ha prohibido la expedición de nuevas licencias de pisos turísticos, con las únicas excepciones de los alojamientos rurales en municipios del interior, cuya presencia puede ser más un dinamizador económico que un problema.
No obstante, el Ejecutivo de Antonio Costa puede encontrarse con un problema similar al que tuvo que asumir el Gobierno de Pedro Sánchez con la ley de Vivienda: territorios rebeldes. Esto se debe a que el primer ministro luso ha cedido a los ayuntamientos la capacidad de establecer el porcentaje máximo de pisos turísticos que pueden ser autorizados dentro de sus fronteras municipales. Lo mismo sucede en España con las Comunidades Autónomas, que cuenta con la competencia cedida en materia de vivienda y urbanismo, aunque solo para la definición de las zonas tensionadas, dado que el resto de lo contemplado en la ley sí es aplicable.
A parte de lo citado, la nueva ley portuguesa contempla incentivos “para que las fracciones que se dedican al alojamiento turístico vuelvan al mercado de la vivienda”, con la pretensión de engrosar la oferta y aminorar los precios. Además, también se ha puesto fin al visado oro, conocido comúnmente como golden visa, un mecanismo contemplado en múltiples Estados a través del cual las personas con grandes fortunas pueden obtener el permiso de residencia a cambio de realizar una gran inversión en el mercado inmobiliario.
